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Ciudad de México, 27 de junio de 2019.- El proyecto Tren Maya, de un simple proyecto ha pasado a convertirse en un plan de reordenamiento territorial de la Península de Yucatán, en el cual la voz determinante será la del capital privado nacional y extranjero, no la de los pueblos mayas, propiciando una especulación financiera e inmobiliaria sin precedentes, afirmaron especialistas y organizaciones, al presentar el informe Impactos Sociales y Territoriales del Proyecto Tren Maya.
Antonio Machuca, Eliana Acosta y Giovanna Gasparelo, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH; Violeta Núñez, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; Heber Uc, del Colectivo Semillas de Bacalar y el periodista Jaime Quintana, presentadores del informe, analizaron desde diversos enfoques la que se conoce como principal la obra de infraestructura de la actual administración federal.
Lamentaron que el gobierno federal pretenda imponer un proyecto basado en la concepción del turismo de masas que es depredador y a la postre desembocará “en la patrimonialización, folklorización, mercantilización y cosificación de la cultura y de la biodiversidad maya”.
En el evento realizado en la Coordinación Nacional de Antropología, los ponentes coincidieron en que en el caso del Tren Maya existen dos concepciones antagónicas: por un lado, una visión economicista, que tiene a la oferta turística como el eje fundamental del desarrollo y, por otro, la cosmovisión de los pueblos indígenas, que mantienen una relación de respeto con la tierra y el territorio, que hace posible que exista la mayor biodiversidad del planeta en la región sureste del país.
Condenaron la postura de diversas dependencias federales que han mostrado estar a favor del megaproyecto, pese a que se violan derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Se avanza en la implementación del Tren Maya y aún no se realiza la consulta indígena, cuando ésta se realice ya no será previa como lo mandatan los estándares internacionales, expusieron.
Los especialistas comentaron sobre la vigencia de un modus operandi en la imposición de este tipo de megaproyectos, y dijeron que no es nuevo, porque desde las instituciones del gobierno federal se diseña y se implementa una estrategia encaminada a posicionar a supuestos líderes y organizaciones indígenas que buscan usurpar la representación indígena para legitimar las decisiones gubernamentales tal y como ocurría en los sexenios pasados.
El indigenismo del Estado mexicano sigue fuerte y vigente como antes, añadieron.
Coincidieron en la importancia de defender el patrimonio biocultural amenazado por este proyecto que básicamente pretende “urbanizar la selva” y que se suma a iniciativas como la Ruta Maya, el Mundo Maya, el Plan Puebla Panamá, el Proyecto Mesoamérica por citar algunos y que destruirán el modo de vida comunitario de los pueblos mayas.
Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.
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