Da Gobierno de Quintana Roo postura respecto a litigio contra Aguakan

CANCÚN, QRoo, 26 de febrero de 2025.- Al dar el posicionamiento del Gobierno de Quintana Roo sobre el litigio que se lleva contra la empresa Aguakan, la secretaría de Gobierno, Cristina Torres afirmó en conferencia de prensa que:

El hartazgo social acumulado por muchos años y sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos periodos de tiempo, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración en el drenaje sanitario, así como el cobro de pipas de agua cuando no suministran el líquido de manera adecuada, entre otras irregularidades, fueron causas de ese rechazo e irritación social.

Incluso, dijo la funcionaria, hubo una consulta popular en la cual, la mayoría de los ciudadanos se expresaron por terminar con la concesión.

Por ello mencionó que desde el inicio de la presente administración se atiende la demanda social de que el Estado deba velar por la efectiva y legal implementación de la concesión, así como de su terminación; por lo cual, se han realizado diversas auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, así como a la operación de la concesión, el análisis de muestras de agua, visitas a las plantas de tratamiento de aguas residuales, ‘lo cual nos permitió detectar diversas irregularidades y como consecuencia de ello, la presentación de las denuncias correspondientes”.

Dijo que las denuncias presentadas por este Gobierno hasta esta fecha tuvieron como fundamento los siguientes hechos:

La concesión que fue otorgada en los años noventas fue prorrogada ilícitamente en 2014, hasta el 2053 y ampliada a un municipio adicional (Solidaridad).

“Derivado de lo anterior, el 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la
Fiscalía General de la República, misma que después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, determinó que existían elementos suficientes en contra de directivos de la empresa DHC”.

Dijo que “el Juez Federal competente determinó que existen datos de prueba que demuestran el delito de Promoción de Conductas Ilícitas, toda vez que el 5 de diciembre de 2014, directivos de la empresa gestionaron de manera ilícita por 30 años más la prórroga de la concesión a cambio del pago de 1,055 millones de pesos, toda vez que el Gobierno del Estado no tenía facultades para obligarse a gestionar una prórroga y ampliación de una concesión en esa materia, lo cual corresponde única y exclusivamente a los municipios y al Congreso del Estado” y agregó que “como resultado de la gestión ilícita con posterioridad y sin seguir los procedimientos de ley, continuaron con esta ilegalidad generando ganancias multimillonarias para dicha empresa sin que se vean reflejadas con la calidad y cantidad de los servicios prestados a la ciudadanía”.

Cristina Torres precisó que “derivado de los hechos anteriores y como es del conocimiento público, un juez federal libró órdenes de aprehensión al encontrar elementos suficientes, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos en contra de directivos de Aguakan”.

Salud y medioambiente

Por lo que respecta a los temas de salud y afectación al medioambiente, de quintanarroenses, Cristina Torres mencionó que derivan de la explotación ilícita de la concesión, la Comisión Nacional del Agua (CAPA), epidemiólogos del IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados, llevaron a cabo diversos muestreos de agua potable en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento de agua residual, operadas por la concesionaria DHC, “obteniendo como resultado afectaciones sanitarias y ambientales muy graves”.

Informó que se detectó en el agua potable “la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, lo que representa un riesgo inminente a la salud de la población, siendo tóxicos para los seres humanos”.

En las aguas residuales “se detectaron elementos que superan los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, al contener E-coli y coliformes fecales muy por arriba de los niveles permitidos, los que, en esas condiciones, una vez devueltas al ecosistema y al ser inyectados al manto freático generan un daño irreversible al medio ambiente”.

Aseguró que “de forma facciosa y parcial”, se ha difundido un encuentro entre representantes de DHC y
representantes del Gobierno de Quintana Roo, a lo cual señaló:

“La reunión se celebró a petición de la propia DHC y el Gobierno de Quintana Roo accedió a ésta, teniendo como premisa fundamental el argumento de una posible afectación al público inversionista de las Afores”.

Cristina Torres detalló que la reunión se efectuó estando presente abogados del gobierno de Quintana Roo y asesores jurídicos de los Ayuntamientos, encabezados por el director general de CAPA.

“Las acciones que el Gobierno de Quintana Roo ha emprendido en ningún momento han implicado acoso ni acuerdo alguno. Lo que nos llevó a dicha reunión fue la salvaguarda de parte del Estado de Quintana Roo de las inversiones de las Afores y de los derechos laborales de los trabajadores”.

Y aclaró que en el único momento que se habló de montos, fue para determinar el valor de las inversiones en activos y garantizar los derechos de los trabajadores.

“Fue la empresa quien ofreció la posibilidad de que el Estado adquiriera a a Aguakan, a lo que categóricamente se les respondió que no, que la concesión debía terminar”.

La secretaria de Gobierno dijo que “el actuar de la autoridad, por la vía legal, de ninguna manera constituye un riesgo a la inversión privada y mucho menos a las Afores, por el contrario, dichos inversionistas son posibles víctimas de los hechos realizados por ciertos accionistas y administradores de DHC, quienes desplegaron conductas ilícitas tanto para la prórroga y ampliación de la concesión referida, como en el deficiente servicio que prestan a quintanarroenses”.

Los actos realizados por el Gobierno, como son la presentación de denuncias ante la existencia de posibles hechos de corrupción y lavado de dinero, constituyen el cumplimiento de un deber legal para que se investiguen a profundidad, pues no se encubrirá nunca conducta ilícita alguna, aseguró Cristina Torres y agregó: “el patrimonio de quintanarroenses no se vende. Que quede bien claro; en Quintana Roo, con la llegada de la Cuarta Transformación, nunca se comprometerá el patrimonio del pueblo. El agua es un derecho humano, no un privilegio y menos un instrumento para el enriquecimiento de unos cuantos”.

Y retomó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum:

Como lo dijo la primera Presidenta de este país, el interés público debe prevalecer sobre cualquier interés privado, concluyó.

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Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

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