CIUDAD DE MÉXICO, 4 de julio de 2019.- El director jurídico del Ayuntamiento de Solidaridad, René Bayardo, informó que desarrolladores de vivienda han denunciado a funcionarios de Aguakán por pedir dinero para gestionar el servicio de agua potable en los nuevos fraccionamientos.
“Están intentando cobrar como un derecho de piso”, precisó René Bayardo en conferencia de prensa realizada en esta capital.
Mencionó que desde la administración pasada; en su calidad de asesor jurídico de quien entonces era el Síndico Municipal, Juan Carlos Beristain, inició las acciones que actualmente han derivado en un proceso para rescindir el contrato de suministro de agua potable en dicho municipio a esa empresa, acciones que si bien permanecieron estancadas en los tribunales locales, ahora, con el respaldo de la Presidencia de la República se espera que avancen para hacer que el agua sea realmente un derecho inalienable no sólo para Solidaridad sino para Quintana Roo y todo México.
Explicó que solicitan la cancelación de la concesión a Aguakán, mismo que debe ser dirimido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El procedimiento inicialmente se presentó ante la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, donde -anotó el representante jurídico del Ayuntamiento de Solidaridad- permaneció estancado ya por 11 meses y del que ahora, sin embargo, se espera un nuevo impulso por parte de acciones desde la Federación para conseguir esa revocación.
“Nuestra presidente municipal, Laura Beristain, ha señalado con claridad que esa concesión que privatizó el agua potable para los solidarenses fue en principio una clara violación al artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal; es decir que desde el origen esa privatización nunca debió llevarse a cabo. Pero además hay muchos motivos como cobros excesivos a consumidores, falta de inversiones, una calidad del agua sin control y fuera de los índices de sanidad nacional y muchos otros; incluyendo la violación del derecho al agua, pues esa empresa solo ve en el agua una ganancia económica, incluso ha dejado sin suministro a familias con niños y adultos en estado de vulnerabilidad”, destacó.
El director jurídico del Ayuntamiento de Solidaridad se reunirá con titulares de entidades normativas como la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, representantes y secretarios de gabinete, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que también tienen injerencia en la calidad de los servicios y los derechos del agua en el país.
La idea, resumió el representante jurídico de Solidaridad, es avanzar no solamente en el plano del que compete dirimir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino abonar con acciones paralelas en organismos que también pueden influir en evitar que la privatización del agua en México continúe propagándose como desgraciadamente ocurrió en Quintana Roo, ya que el actual gobierno estatal ha hecho muy poco, fuera del discurso, para evitar que la privatización del agua continué afectando a los quintanarroenses, concluyó.