Apoyan o destituyen a Capella y al Fiscal

24 de marzo de 2019

13:07

Héctor Valdez/ Quadratín Quintana Roo

TULUM, QRoo, 24 de marzo 2019.- El Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Cancún, dictaminó llevar a cabo un extenso desalojo que incluiría a miles de personas.
Hasta en dos ocasiones las autoridades han sido omisas en prestar el apoyo requerido.
El juzgado ha advertido a las autoridades que podría iniciar acciones de inhabilitación en su contra si siguen siendo omisos en la orden de apoyar desalojos en zonas de invasiones urbanas de Tulum.
El Juzgado Federal ya advirtió a la Fiscalía General del Estado y a las policías Estatal y Municipal de Tulum que podrían destituir a sus titulares, Óscar Montes de Oca y Jesús Alberto Capella, respectivamente, en caso de no brindar el auxilio solicitado: hay órdenes de desalojo, son inminentes en estos días contra los paracaidistas de la ciudad.
Los asentamientos irregulares en varios puntos de Tulum, comenzados el 2 de octubre del 2016 se han convertido en el principal foco rojo en materia de Seguridad Pública, pero también han sido un gran problema al generar contaminación de todo tipo, además de interconexiones ilegales, lo mismo a la red del agua potable que a la del alumbrado público y redes de electrificación de la Comisión Federal de Electricidad, provocando focos infecciosos, apagones constantes y escaces de agua potable en colonias y fraccionamientos formales.
En resumen, los asentamientos irregulares de las zonas invadidas son el principal problema que tiene Tulum.
Desgraciadamente existen evidencias claras de que las invasiones que incluyen al menos a cinco mil personas en siete puntos distintos de la ciudad fueron alentadas e incluso auspiciadas por personajes cercanos a las actuales administraciones municipal y estatal.
Las empresas, personas físicas y morales propietarias de los terrenos, han promovido distintos juicios algunos incluso resueltos ya por juzgados federales como el Juzgado Cuarto de Distrito, con residencia en Cancún, que a principios de marzo ordenó a las autoridades municipales y estatales; específicamente a la Policía Municipal, Policía Estatal y Ministerial, brindar el apoyo necesario para el desalojo de una superficie actualmente ocupada por un grupo numeroso de invasores.
Tal solicitud fue omisa hasta en dos ocasiones, de tal manera que recientemente el mismo juzgado ha advertido a las autoridades que podría iniciar procedimientos contra las autoridades en caso de no acatar la orden de dar apoyo necesario para el desalojo de los invasores, por lo que se espera un nuevo desalojo, mayor al ocurrido el 6 de marzo, que terminó en zafarrancho.