CIUDAD DE MÉXICO, 2 de julio de 2019.- Con 74 votos a favor, cero en contra y 29 abstenciones, el Senado de la República aprobó los artículos reservados del dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, y reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cerca de las 2 horas de este martes inició la discusión en el pleno que terminó en el aval en lo general y en lo particular la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como los artículos no reservados, para hacer eficiente el gasto público y eliminar privilegios.

Con ello, se busca aportar elementos técnicos que sustenten posibles ajustes al contenido de los marcos jurídicos por parte del Congreso, a fin de reducir riesgos, irregularidades y opacidad en la gestión financiera del sector gubernamental. Con su aplicación se obtendrán ahorros que no generarán impactos presupuestarios negativos, ya que se haría una reasignación de recursos a fin de mejorar la distribución y calidad del gasto, ahorros que derivarán de diversos rubros.

Prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva. Además, evitará el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.

Con el nuevo ordenamiento quedan eliminadas las pensiones de retiro a los expresidentes, distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con lo que se busca dar un trato equitativo entre todos los ciudadanos.

También limita el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio del mismo. Su cumplimiento tiene fines de utilidad pública y de servicio directo a la población para reducir el costo al erario federal.

Además, norma la constitución, extinción y funcionamiento de fideicomisos, fondos o mandatos encaminados a un manejo más transparente de los mismos. Los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos autónomos tomarán las acciones necesarias para cumplir con la ley, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos. Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana.