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Foto: Especial

Blinda TEPJF derechos electorales de personas con discapacidad

Gabriela Martínez/Quadratín Quintana Roo
 
| 25 de mayo de 2018 | 14:17
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CANCÚN, QRoo, 25 de mayo.- Todas las personas con discapacidad mayores de 18 años podrán elegir a sus candidatos en los próximos comicios del 1º. de julio.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional Xalapa y la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), reiteraron su impulso a la cultura de la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de la protección de sus derechos político-electorales.
Los magistrados de la Sala Regional Xalapa reafirman a representantes de asociaciones civiles y organizaciones dedicadas a temas de discapacidad, personas con discapacidad y funcionarios de instituciones electorales, entre otros, que las personas con discapacidad son titulares de sus propias decisiones en asuntos políticos y públicos sin discriminación y en igualdad de condiciones que las demás personas.
El magistrado Adín de León Gálvez reiteró que el TEPJF ha emprendido estrategias de difusión para tal efecto. Reconoció que el avance en la materia ha permitido cerrar la esfera de protección ciudadana e incorporar en este esquema a las personas con discapacidad mayores de 18 años, que en muchos casos no habían contado con los elementos mínimos reconocidos por la ley que garantizaran su debida inclusión en la sociedad y el adecuado ejercicio de su derecho a votar y a ser votado.
Destacó que en nuestro país, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo entró en vigor en 2008, lo que ha representado nuevos retos a las autoridades, federales y locales para difundir, aplicar y promover medidas necesarias que definieran y visibilizaran a las personas con discapacidad como sujetos de derechos.
Los integrantes de la Sala Xalapa coincidieron en que hay cauces para acceder a la justicia electoral federal, así como el cambio de paradigma y los retos a enfrentar para ofrecer, en el acceso a la justicia y en la tutela judicial efectiva, estándares de calidad que permitan un acceso completamente incluyente.