Buscan esterilización forzada tras aborto por segunda vez

OTHÓN  P. BLANCO, QRoo,  3 de mayo de 2019.- La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo se pronunció en contra de la iniciativa propuesta por la diputada Sonia López, mediante la cual se permitiría realizar salpingoclasia a mujeres que soliciten por segunda ocasión la realización de un aborto, por considerarla violatoria a los derechos, punitiva y discriminatoria.
El organismo destacó que refleja prejuicios y estereotipos de género y no toma en cuenta las distintas situaciones que viven las mujeres en las que el aborto se vuelve una opción.Los integrantes del consejo consultivo de la CDHEQROO se pronunció por la reconsideración de la iniciativa que propone modificaciones y adecuaciones al Código penal y la Ley de Salud de Quintana Roo.El 13 de marzo, la diputada López Cardiel, suplente de la ex diputada Laura Beristain  presentó una iniciativa mediante la cual propone adecuar el articulo 97 Bis del Código Penal que permita  la aplicación de un método anticonceptivo definitivo a toda aquella mujer que tenga la intención de someterse por segunda ocasión a la práctica del aborto no punible, previo la firma de una carta de consentimiento informado.De no ocurrir lo anterior las instituciones de salud pública en el estado no estarán obligadas a otorgar el servicio consistente en el aborto “no punible” y, si la persona se sometiera al mismo, será sujeta las sanciones establecidas en el artículo 93 del presente Código”.La CDHEQROO consideró que dicha propuesta es discriminatoria porque restringiría el derecho de las mujeres a decidir sobre su plan de vida, limitando sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente los relacionados a decidir cuántos hijos tener y a elegir los métodos de planificación familiar que se adecuen a su persona y porque dicho precepto (establecido en la fracción V que se relaciona con las condiciones socioeconómicas graves de la pareja), aplicado a mujeres que vivan en situación de pobreza, sean sometidas a un procedimiento permanente de anticoncepción, es una práctica que diversos organismos internacionales han señalado como esterilización forzada, pues condicionaría a mujeres que vivan en situación vulnerable al acceso a un servicio de salud pública. Si bien se señala que se debe firmar una carta de consentimiento informado, el resultado de ello debe ser autónomo e independiente para acceder al procedimiento antes mencionado, establece el organismo responsable de garantizar el respeto a los derechos humanos.Además, esta propuesta se trata de una medida punitiva y discriminatoria que refleja prejuicios y estereotipos de género, ya que se castigaría la mujer por abortar, y de manera específica, a las mujeres que viven vulneradas y empobrecidas, sin tomar en cuenta las  distintas situaciones, en las que el aborto se volvería una opción.La CDHEQROO sugirió reconsiderar dicha iniciativa e incluir en su caso las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana relacionadas con las violaciones a derechos humanos de mujeres indígenas y otros por prácticas de esterilización forzada, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y otros instrumentos como los informes de los comités especializados derivados de tratados internacionales que atañen la despenalización del aborto.Tambien, revisar el concepto de Interés Superior de la Niñez, porque si bien es un principio interpretativo y eje rector que debe incluirse en cualquier situación jurídica y en las políticas públicas, en la iniciativa se usa como argumento para el acceso a la práctica del aborto, siendo que ésta es una cuestión relacionada con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

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