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CANCÚN, QRoo, 26 de febrero de 2024.- La reforma a los artículos 25, 27 y 28
constitucionales, según el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende recuperar el
sentido original de la Constitución: la
electricidad no es una mercancía, es
un derecho humano.
El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Manuel Bartlett, informó sobre la iniciativa: se busca que la CFE como empresa pública garantice la soberanía energética,
nacional y “la justicia social al garantizar el acceso universal a la electricidad a los
precios más bajos posibles”.
La iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales
“como sigue el afán privatizador, siguen queriendo que el gobierno sea un comité al servicio de una minoría, no al servicio de todo el pueblo y hay que reformar la Constitución para fortalecer las empresas públicas, tanto la Comisión
Federal de Electricidad como Pemex. Y no permitir que regrese la política neoliberal
o neoporfirista, acompañada de la corrupción que imperaba en beneficio de un pequeño grupo”, señaló el Presidente.
Bartlett explicó que la reforma energética de 2013 estableció
ventajas a favor de las empresas privadas en detrimento de la empresa pública, en
un sistema que establece la prelación del interés privado sobre el interés público y nacional que representa la CFE.
“En el artículo 28, cuarto párrafo del texto vigente (…) no se define cuál es el objetivo
de la planeación y el control y, por lo tanto, el sistema eléctrico vigente se desarrolla
al margen de toda planeación y en ausencia de la atribución del control del Estado y se propone añadir que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional Vigente tenga un objetivo específico”.
El artículo 27 establece que las leyes determinan la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica; sin
embargo, a falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener
como principio garantizar la justicia social.
Y en el artículo 25 constitucional, quinto párrafo, se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal,
desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de
electricidad convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y,
por tanto, reduciendo la finalidad a la mera obtención de utilidades sin ninguna
función social”.
En la iniciativa se establece que el servicio de Internet que provea el Estado constituye un
área estratégica.
Dijeron que se quiere respetar la participación privada en las demás actividades de la industria eléctrica, pero las empresas particulares no pueden tener prevalencia
sobre la empresa pública del Estado, que es la garante de la continuidad y
accesibilidad del servicio público de electricidad.
Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.
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