Control de daños

El escándalo en torno a la señora Guadalupe Taddei se ha vuelto acontecimiento trascendente. Bien lo merece por el daño que le significó a una de las instituciones públicas con mayor prestigio y reputación producto de su buen desempeño, calidad de sus resultados y una buena conducción colegiada. Reconocimiento para los muchos directivos y empleados, también, para los muchos consejeros del IFE, ahora INE y especialmente para quienes llevaron la dirección: Woldenberg, Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. La desgracia de ahora los convalida y les da relieve.

El obradorismo decidió hacerse del INE después de la elección intermedia en la que advirtió que los resultados no se correspondieron a la expectativa en la elección de diputados federales. El presidente López Obrador intentó por todas las vías alterar en sus fundamentos al INE; presentó una reforma constitucional que no prosperaría porque no tenía respaldo en el Congreso y, después, un “plan B” que la Corte le frenaría. La respuesta fue ordenar la colonización del INE con propuestas de consejeros subordinados y subordinables al interés del régimen. Así llegaron siete representantes del gobierno al máximo órgano de gobierno, entre éstos, la señora Guadalupe Taddei, adelantada de uno de los favoritos de López Obrador, el gobernador Alfonso Durazo, presidente también del Consejo Nacional del partido en el poder.

La señora Taddei es un caso de evidente venalidad que ha quedado singularmente expuesto ante el país por una ostensible corrupción de la que dan cuenta, documentos y testimonios audiovisuales incriminatorios. Afines al régimen dicen que es muy triste ser observador de esto, para los demás es indignante; siguen presentándose y persiste la tristeza de unos y la enojo de los demás.

La presidenta Sheinbaum ha salido al control de daños. Lo ha hecho mal en la forma y en los resultados, además, está sola. No hay vocero de la presidencia o del gobierno porque al igual que su antecesor, solo hay una palabra, un emisor y tiene lugar en las mañaneras. La presidenta del partido gobernante está ocupada en defenderse de una grave imputación; la secretaria de Gobernación está en la tarea de apagar fuegos y los coordinadores parlamentarios no tienen credibilidad porque ellos fueron los autores materiales de haber despojado al país de una de las instituciones emblemáticas, uno de los mayores logros del desarrollo político del país. Se hicieron del INE y en unos cuantos años lo destruyeron en su condición de garante de imparcialidad, profesionalismo y confianza.

La presidenta lo ha hecho mal porque no hay manera de eludir la responsabilidad política de Morena. Se advierte vacilación porque fue su decisión la salida de Taddei, tan obligada como acertada, y que seguramente hay quien dentro del régimen crea que si Taddei siguiera en el encargo, ella y no Morena o López Obrador, asumiría el desgaste. La presidenta identifica lo que representa un escándalo de tal proporción, para el régimen y para su antecesor, pero no sabe qué hacer porque pretende la absolución en un proceso que fatalmente los condena.

El intento de trivializar el problema enciende el descontento y magnifica la culpa. Decir que no es nuevo, que hay que investigar a las anteriores gestiones, que la señora no fue promovida por López Obrador o por Morena no solo es falso, tampoco creíble, además, confirma la responsabilidad y la anticipada condena a la señalada. El subtexto de las palabras presidenciales: Taddei es culpable y la mayoría (Morena) la empoderó para que destruyera. La corrupción no estaba en lo instruido y menos en tales extremos, por eso tuvo que irse.

La elección está en puerta y el régimen pretende relativizar la crisis para que la discusión se centre en la corrupción, (socializada, atemporal y compartida) y no en la descomposición que el régimen promovió y que llevó, entre otros efectos, a la venalidad. No se quiere encarar lo fundamental: la pérdida de independencia y autonomía del órgano electoral y, sea dicho de paso, el Tribunal Electoral y, también, el Poder Judicial y la Corte. Lo que toca la mano autoritaria, lo descompone y esa es el saldo del régimen obradorista.

La presidenta Sheinbaum al igual que López Obrador tienen que encarar la realidad y, entre esta, el poder del escrutinio público, que tiene lugar en los cada vez más estrechos espacios de los medios, periodistas y analistas independientes. La poderosa maquinaria propagandística gubernamental, el sometimiento de buena parte del ecosistema informativo privado y la determinación de la presidencia en desempeñar una activa acción de control de daños difícilmente puede contener la información y la reflexión mediática que exhibe y condena al régimen político en su hazaña de destruir las instituciones de la República democrática.