CANCÚN, QRoo, 14 de agosto de 2019.- Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia aprobaron el proyecto de decreto por el que se busca reformar:
-La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
-La Ley de Seguridad Nacional; del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal referente a empresas fantasmas.
El proyecto de iniciativa se enviará a la Comisión de Estudios Legislativos, primera que preside la senadora por Quintana Roo, Mayuli Latifa Martínez, para su debate.
El proyecto establece en la propuesta de iniciativa presentada por el senador Alejandro Armenta, del Grupo Parlamentario de Morena, que:
-La defraudación fiscal
-La defraudación fiscal equiparada
Deben entrar al catálogo de delitos de delincuencia organizada.
Quien evada al Fisco Federal:
-Empresas facturadoras de operaciones simuladas
-Empresas que deducen operaciones simuladas
-Cualquier otra conducta delictiva de “contenido económico”
Serán sancionadas.
Se adicionarán en el Artículo 5 de Ley de Seguridad Nacional:
-Los delitos fiscales
-Daño al Fisco Federal, “por afectar las finanzas públicas del país y poner en peligro su estabilidad o permanencia”.
El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propone:
-Aumentar las penas para quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
-De cinco a ocho años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que posibiliten operaciones inexistentes.
-Se tipifique el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Busca el Gobierno de México:
-Mayor control y vigilancia para prevenir, investigar, denunciar e imponer sanciones.
La senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, propone;
-Prevenir y sancionar la compra y venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
-Disminuir los supuestos de defraudación fiscal equiparada a los que les aplique el régimen excepcional de investigación, persecución y sanción.
-Establecer contrapesos institucionales en beneficio de la ciudadanía respecto del ejercicio de la acción penal en los delitos fiscales