Bryan LeBarón

Hace unos días, una noticia muy local aparecía en portales: choferes y líderes transportistas de una ruta de Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México, bloqueaban una avenida para exigir justicia por los asesinatos de operadores y mayor seguridad ante el incremento de extorsiones. Una nota que posiblemente se convierta en una anécdota más; sin embargo, este hecho habla más por el país de lo que pensamos y lo describe a la perfección.


El crimen organizado creció y se infiltró de tal manera, en los tejidos sociales y económicos, que son un obstáculo para las mermadas finanzas familiares, y ha escalado tanto que se puede medir en afectaciones al Producto Interno Bruto.


Este bloqueo de transportistas, desnuda una realidad y le da cauce a un debate que estamos sosteniendo en estos días; el Ejército en las calles no es lo más conveniente, pero mientras no contemos con una alternativa real y eficiente, sin ellos estaríamos totalmente vulnerables, posiblemente mucho más de lo que ya estamos.


Regresemos al caso de los transportistas: deberíamos preguntarles a estos chóferes, cuyo trabajo es esencial durante la pandemia, y para la vida económica del país, si están en contra de que el Ejército ayude a los policías en el trabajo de garantizar seguridad. Creo que ya sabemos la respuesta.


Es una tragedia ver al Ejército en las calles, pero la tragedia más grande es la cantidad de delitos, extorsiones y muertes que ocurren diariamente en esas mismas calles heridas.


La realidad es que el Ejército asumirá un papel de seguridad púbica. Están ahí porque se necesitan. No contamos con policías civiles locales capacitadas ni capaces, es más, no son pocos los casos donde son agrupaciones infiltradas por el crimen organizado.


Lo que sigue es establecer las reglas del nuevo juego de forma clara y transparente. Dejar fuera las interpretaciones que hoy permite lagunas legales, que los criminales usan para su beneficio.


Todo lo anterior deberá tener un importante componente, en la medida que tenga respaldo social, se legitimará y ahí veremos realmente sus alcances. Es muy fácil y superficial hablar de garantías a los derechos humanos desde oficinas y la confortabilidad del computador. Es fácil enaltecer la frase: “no a la militarización”, cuando no les ha tocado estar en la línea de fuego, ni haber sido víctima de este México violento.


La gran diferencia entre la militarización qué se anunció hace algunas semanas, y lo que hizo Calderón, es que no se trata de declarar la guerra en contra de las drogas y sus líderes. Se trata de procurar la seguridad y prevención del delito.


Sería de gran relevancia que a esta fórmula se sumara el gobierno estadounidense, allá es donde se tiene el mayor consumo de drogas que provoca tantos conflictos en nuestro país. Debería combatir las adicciones con la creación de programas para apoyar a la gran cantidad de consumidores que gastan miles de millones de dólares.

Es fundamental defender la Constitución y evitar centralizar todo el poder en el gobierno federal; a la par, es tiempo de buscar los blindajes que impidan dicha concentración, y establecer los mecanismos que permitan una eficiente coordinación y corresponsabilidad con las entidades federativas, porque es sabido que muchos estados y municipios, no tienen la voluntad ni la capacidad de garantizar los derechos humanos de su población, entre ellos los más importantes: el de la vida y la libertad.

Lo que deberíamos exigir todos los mexicanos, es una nueva estrategia de seguridad, con el respaldo militar para luchar contra la extorsión, la trata, el homicidio y todo lo que pone en riesgo la libertad y los derechos más importantes. Pero privilegiando la inteligencia sobre la fuerza, siendo certeros, aprovechando la gran capacidad del Ejército.


No olvidemos que el Ejército en las calles tiene un propósito, la evaluación que deberíamos hacer es sobre sus resultados y no descalificar de principio. En sus tareas de combatir a los narco-terroristas, se rediseñarán los cimientos para edificar municipios y Estados de paz; pero no podríamos empezar a construir la obra más importante de nuestra historia, con una estructura débil y corrupta, y en muchos casos, a merced del crimen organizado.


Capacitar, certificar y aumentar el pago a policías y jefes, en territorio controlado por los narcos no sirve de nada. La única ley que existe en esas zonas es la de “plata o plomo.” Todos los certificados y nuevos sistemas de control del mundo, no tienen el poder de cambiar eso.


Las reglas las va poner la organización con las pistolas más grandes, ya sean de los narcos o del gobierno. Es un concepto que debe entenderse para comprender el problema en su totalidad; las teorías y ensayos nos describen a cabalidad lo que sucede en las calles. Otra forma de entenderlo es por haberlo vivido en carne propia, como hoy les pasa a los chóferes del inicio, o a las miles de familias que han perdido a sus queridos integrantes antes el caos que existe y ha existido por muchos años, en nuestra querida patria.


Sólo ganando esa gran batalla, tendremos las herramientas necesarias para realmente, empezar a construir los sistemas de justicia necesarios para edificar un México mejor, donde garantizar la libertad y la justicia, sea la base del crecimiento personal, nacional y económico.


Es tiempo de limpiar nuestra casa y organizarnos mejor, para hacer frente a los retos que tenemos como país. El sueño de eliminar la delincuencia por medio de programas sociales se ha convertido en una pesadilla, donde los resultados se reflejarán a muy largo plazo, pero necesitamos hacer algo hoy, porque no hay día en que el país no despierte sangrando.


Es tiempo de levantarnos con el valor y la convicción para rescatar nuestros espacios y sólo será posible con la determinación del pueblo y con el apoyo de cada elemento militar y policial disponible, tengo la esperanza que existen muchos más con profundo amor a su patria, motivados para entrarle a la lucha que nos permita alcanzar un México mejor.
Hoy, todos somos choferes.