En Contexto/Luis Acevedo Pesquera

Legislar con piel de oveja

Al vuelo, llama la atención el esfuerzo mostrado por el aparato estatal para replantear la estructura legal en diversas áreas extraordinariamente sensibles para la vida nacional y que afectarán los derechos individuales, la democracia y la libertad.

En el Congreso mexicano se han redoblado los trabajos para desmantelar la reforma energética, con prioridad en materia eléctrica, cuando lo esperado era resolver las deficiencias neoliberales para entonces impulsar la transformación; también se insiste en ajustar la estructura legal del mercado cambiario para promover el ingreso de las remesas, que han sido el salvavidas ante la indiferencia económica para enfrentar a la pandemia; pero también sobresale la iniciativa para regular y satanizar a las que antes fueron benditas redes sociales.

No deja de sorprender que el promotor de algunas de estas reformas legislativas sea el senador Ricardo Monreal, que se ha mostrado como la voz del presidente López Obrador en el Congreso.

Lo relevante en este proceso es el sentido y las consecuencias de las propuestas, porque no forman parte del aval ciudadano otorgado en las elecciones de 2018. Las prioridades eran en favor del combate a la corrupción, el restablecimiento de la seguridad social y del estado de derecho, así como del crecimiento económico como cimiento del desarrollo social y del combate a la pobreza. Una vez resueltos esos compromisos se robustecerían la democracia y la libertad, como objetivo de la transformación.

Pero, con las reformas legislativas que se cocinan a toda velocidad, con partidos de oposición sin voluntad ni capacidad para enfrentar a la fuerza mayoritaria del grupo de Morena en las dos Cámaras, se pueden perfilar cambios que con la generación anacrónica de electricidad pueden resultar negatorios, entre otros, de la libertad de los mexicanos para aspirar a un entorno ambiental limpio, ya que en aras de una búsqueda estabilizadora, los cambios a la producción de energía eléctrica privilegiarán el uso de energías contaminantes como el carbón o el combustóleo para aprovechar los excedentes del país, cuando podrían ser mejorados, pero la austeridad cerró el paso a los avances tecnológicos y científicos. Eso, sin todas las demás consecuencias que representa.

Tampoco se entiende la insistencia para legitimar dólares provenientes de las remesas de los mexicanos en el extranjero con cambios legales que, a la larga, mermarán la autonomía del Banco de México.

Veamos. El 99.4 por ciento de las remesas que en 2020 superaron los 44 mil millones de dólares ingresaron al país mediante transferencias electrónicas plenamente supervisadas y con aportaciones para el fisco, mientras que solamente unos 280 millones de dólares, equivalentes a 0.7 por ciento entraron en efectivo a través de las fronteras, sobre todo en las zonas turística en Quintana Roo, Jalisco o Baja California Sur y en entidades de alta migración.

¿No sería más fácil incrementar o revisar las acciones de vigilancia y supervisión de los prestadores de servicios y de los intermediarios financieros que, especialmente, podrían reducir sus comisiones, en lugar de modificar una estructura hasta ahora eficaz y que, al ser fracturada con la reforma, puede desembocar en riesgos sistémicos y desconfianza global sobre el país?

La propaganda plantea, a grandes rasgos, que el gobierno será el aval del Banco del Bienestar, quien podría repartir tarjetas de débito en embajadas y consulados. ¿Lo hará en todo el mundo o solamente en Estados Unidos? ¿Cuál será el papel del Banco de México si Relaciones Exteriores o la de Bienestar se presentan como agentes financieros? ¿Qué papel jugarán los bancos comerciales? Recordemos que la Comisión de Cambios es una puerta que cuartea a la autonomía del Banco Central.

En el caso de las redes sociales, hay ocurrencias muy atractivas para el imaginario social pero no se establecen el cómo, el por qué ni para qué; tampoco reconoce su carácter global integral.

Por ejemplo, la iniciativa busca modificar el concepto de red social para considerarla un servicio, al margen de la esencia internacional de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Desde esa aberración, se mete en el mismo costal a la Internet, con Telegram, Google, Tik Tok, Yahoo! y WhatsApp; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dejaría su autonomía para reducirlo a una entidad pública encargada de dar permisos y de multar o decidir qué contenidos son buenos o malos, al tiempo que, al ser una propuesta subjetiva, favorece los perfiles falsos, la violación de datos personales y las fake news, que dice perseguir. Sin contar que la última palabra siempre será del gobierno federal, además de que plantea censura previa.

Pero todavía más, las herramientas de las redes están ubicadas en diversos países con leyes diferentes a las mexicanas y, como en la reforma eléctrica, podría afectar convenios económicos y legales internacionales. Los ensayos europeos hablan de consecuencias negativas y las experiencias asiáticas caen en el autoritarismo y la pérdida de libertades.

Si bien se habla que los cambios legales se harán al amparo de un parlamento abierto, la decisión final en el Congreso dependerá de la fuerza política mayoritaria.

En efecto, las discusiones púbicas y la participación de los expertos, a menos de que ocurra otra cosa, no dejarán de ser la piel de oveja en la que se esconde un lobo ansioso con hambre de democracia y libertad.

@lusacevedop

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

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