Endulzaron el oído a diputados para aprobar deuda, acusa Edgar Gasca

CANCÚN, QRoo, 11 de marzo de 2011.- El presidente de la Comisión de Salud de la 16 Legislatura del Congreso de Quintan Roo, Edgar Gasca acusó que el gobierno del Quintana Roo “le endulzó el oído” a la mayoría de los legisladores al engañarlos para que le aprobaran el paquete de 102 obras públicas por 820 millones de pesos.

“Primero nos dijo que estaban relacionadas con el Tren Maya, pero al caérsele el discurso nos dijo que serán para la reactivación económica de la entidad”; pero no hay seguridad que tendrán fines electorales, resaltó.

Afirmó que la aprobación que hizo la mayoría de los diputados de los 820 millones de pesos del crédito comprometerán las participaciones presupuestales federales para los próximos tres gobernadores de Quintana Roo, es decir cerca de 20 años advirtió; que a la postre serán pagados los intereses con los impuestos de los ciudadanos, indicó.

En conferencia de prensa, recordó que a la administración de Carlos Joaquín “curiosamente vemos a todos los diputados panistas, perredistas, priistas y hasta morenitas aplaudirle y autorizarle cinco créditos que se suman a la deuda pública de gobiernos pasados; “pese a tanto que criticó al ex gobernador Roberto Borge y Félix González, de haber endeudado a cada uno de los habitantes de Quintana Roo” por miles de pesos.

El que fuera diputado priista y ahora morenista, explicó que él, junto con Linda Cobos y Fernanda Trejo, votó en contra para no endeudar más a los quintanarroenses pues si bien las 102 obras públicas son necesarias para el estado y la inversión, hay situaciones de mayor prioridad para Quintana Roo derivada de la pandemia de Covid 19, como son medicamentos, vacunas y hospitales.

En cuanto a la Consulta Pública a realizarse el 6 de junio entre ciudadanos de los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad, promovida por la senadora con licencia Marybel Villegas, el diputado Gasca Arceo dijo que, según el resultado en las urnas, los gobiernos de los ayuntamientos tendrán que acatar el mandato popular y quitarle la concesión de agua potable y alcantarillado a la empresa Aguakán, pues el resultado será vinculante y acatar de inmediato y de manera obligatoria, aseguró.

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