OTHÓN P. BLANCO, 7 de abril de 2019.- Los conflictos internos en los sindicatos de taxistas, agravados por las diferencias con la Unión Nacional de Transportistas por el Cambio, aumentan la percepción de inseguridad ciudadana a horas de que el Gobierno de Quintana Roo defina si autorizará o no la operación de la plataforma Uber en Cancún, como parte de una primera etapa, ya que planea llegar a Playa de Carmen y Tulum, single dan luz verde.
Los operadores, muchos de los cuales se han inscrito en el registro que Uber comenzó a principios de marzo de este año, pareciera son víctimas de las acciones del gobierno y las arbitrariedades de los socios concesionarios.
Analistas precisan que el gobierno estatal otorga concesiones a quien no las necesita, como pago a favores políticos:
“Concesiona placas a los socios que cuando quieren elevan cuotas a los operadores que siguen anhelando obtener sus placas, luego de largos años de duro trabajo. Además, el mercado se ve saturado y el servicio que es básico para miles de ciudadanos es afectado gravemente por la inseguridad, especialmente en la zona norte del estado”, destacan.
En Quintana Roo se tienen noticias constantemente acerca de conflictos que llegan golpes entre choferes del sindicato de taxistas y afiliados a la UNTRAC en el centro de Quintana Roo, otros tantos existen entre el gremio de socios taxistas en Tulum, Cancún o Chetumal, de manera intermitente, como la gresca ocurrida la semana que terminó en Tulum, donde incluso tuvo que intervenir la policía. Lo cierto es que mientras esos escenarios persisten y brotan enfrentamientos de vez en vez, los orígenes de los mismos siguen ahí. En el caso del conflicto que viven en Tulum, Alejandro Serrano, en representación de los operadores, mencionó recientemente sobre el aumento de cuota a los operadores que de mil pesos ahora pagan cuatro mil 500 pesos al concesionario, cuando no hay autorización para elevar tarifas al usuario.
Los agremiados han solicitado ser informados sobre las nuevas concesiones que pretende otorgar la Secretaría General y las causas por las que subió el costo de la renta de las unidades, sin embargo, hasta la fecha no han tenido respuesta.
Mientras tanto, este 8 de abril terminará el plazo del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) para responder la solicitud de la plataforma de transporte Uber que busca regresar a Cancún.
En plena época electoral, Jorge Pérez Pérez, titular del Imoveqroo, reconoció a principios de año el impacto de Uber en Cancún, en donde tan sólo en 2018 registró un millón de solicitudes de  servicio en la plataforma, la cual está activa, pese a que dejó de prestar servicio desde diciembre de 2017 en servicio privado de transporte, porque Uber Eats está creciendo en demanda por parte de turistas y ciudadanía.
Los taxistas “andan inquietos” ante el posible regreso de Uber, aceptó el funcionario estatal, que apoyó hace unos días el lanzamiento de los taxis naranja del Sindicato de Taxistas de Cancún Andrés Quintana Roo, gremio que trabaja ya con plataformas como Easy Taxi y Taxi Fácil.
En enero pasado, a través de un comunicado, el Frente Único de Trabajadores del Volante en Quintana Roo (Futvqroo) pidió a los gobiernos estatal y de los 11 municipios que no permitan el retorno de Uber a la entidad.
Sin embargo, representantes de la plataforma se han mantenido firmes en sus intenciones de operar en Cancún, como primer destino, y se han manifestado en condiciones de operar en cuanto el Gobierno de Quintana Roo les de la luz verde, que podría ser este lunes 8 de abril.
En total, 96 por ciento del turismo extranjero que ingresa a México tiene la plataforma Uber en sus móviles, servicio digital que opera en los destinos turístico más importantes del mundo y de México, y avanza con alianzas con corporaciones internacionales de seguridad, como la Interpol, y con asociaciones civiles en tareas como acotar secuestros y bajar índice de asaltos, crímenes y trata de personas.
Uber representa en México, la plataforma mas importante para apoyar servicios de movilidad privada. Ha ganado terreno y reconocimiento en estados turísticos como Ciudad de México, Nuevo Leon, Jalisco y Baja California, con sus protocolos de empoderamiento y seguridad para la mujer y sus servicios de comida, movilización de mascotas, respeto de la diversidad de género e inclusivos, y se perfila como un requisito que demandan los turistas internacionales y nacionales en el destino más importante de Latinoamérica, si cuestiones políticas no lo impiden.