OTHÓN P. BLANCO, QRoo, 11 de octubre de 2019.- Los ciudadanos siguen esperando resultados del cambio y del combate a la corrupción por parte del Gobierno de Quintana Roo porque ante la opacidad, hay hartazgo, coincidieron integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura, que encabeza Euterpe Gutiérrez.
Los legisladores de Quintana Roo mostraron su inconformidad con la comparecencia del secretario de la Contraloría estatal, Rafael del Pozo.
El funcionario no presentó información convincente sobre las acciones que el Gobierno de Quintana Roo ha implementado para combatir la corrupción e impunidad, destacaron.
Las diputadas Euterpe Gutiérrez y Reyna Durán, así como el diputado Edgar Gasca Arceo, consideraron que la comparecencia del contralor estatal no cumplió con las expectativas de los ciudadanos, quienes –afirmaron– aún están a la espera de los resultados del cambio prometido y acciones concretas en el combate a la corrupción.
Demandaron informar a la ciudadanía estado de investigaciones, sentencias, sanciones y monto de dinero que se ha recuperado.
El diputado Edgar Gasca Arceo enfatizó que no todas las dependencias del Gobierno de Quintana Roo están cumpliendo con los parámetros de transparencia, situación que provoca se incremente el nivel de hartazgo y de molestia de los quintanarroenses.
El propio Congreso, agregó, es un ejemplo de ello, pues a pesar de que existen denuncias por la desaparición de millones de pesos por concepto de ayudas sociales, pareciera que no ocurre nada por aclarar esta situación.
El legislador criticó también las denominadas contralorías sociales, ya que desde su perspectiva son mera simulación pues en ocasiones los líderes de colonia de un determinado partido son quienes terminan siendo los que firman de conformidad la realización de obras millonarias, cuando éstas se realizaron con mucho menos recursos.
Por su parte, el diputado Roberto Erales lamentó que la Secretaría de la Contraloría no haga cumplir la ley.
Señaló el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, donde algunos funcionarios en puestos directivos no cumplen con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo, donde se establece una residencia mínima de cinco años para cargos de Subsecretario, Director General, Director de Área, Subdirector, así como niveles intermedios entre éstos, dentro de la administración pública central, y sus equivalentes en la administración pública paraestatal, independientemente del nombre del puesto que se les atribuya.
En reiteradas ocasiones, el contralor estatal se excusó y respondió que la ley marcaba algunos casos de excepción para titulares de Seguridad Pública, pero el diputado le insistió en que el incumplimiento de la ley se presenta en mandos directivos donde se manejan recursos públicos y le entregó una copia de los artículos en cuestión, así como los datos de un nombramiento que presuntamente incumplía estas disposiciones.