Extinción de Dominio institucionaliza despojo y arbitrariedad

CANCÚN, QRoo, 16 de agosto de 2019.- Se publicó en versión digital un interesante análisis de Miguel Alfonso Meza quien es miembro de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Según su estudio, el integrante del área de investigación y litigio, afirma que la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio (Lned) aprobada por los diputados, abre la posibilidad de institucionalizar el despojo y consolidar la arbitrariedad con el pretexto de que se devolverá al pueblo lo robado.

En su análisis de la ley enseña que ésta permite el aseguramiento de bienes de delincuentes organizados y de ciudadanos tratando a estos últimos igual que si fueran miembros del crimen, lo que resulta una violación de derechos humanos y del debido proceso que tienen todos los mexicanos.

Nadie estará en contra de incautar y poner a la venta bienes obtenidos y usados en actividades ilegales, nadie se opondría a que con lo obtenido de la venta de dichos bienes se resuelvan demandas sociales prioritarias y se aumenten presupuestos a entidades de zonas marginadas.

Pero la ley pone en la indefensión al ciudadano común, al que vive de su esfuerzo diario y que con mucho ha logrado obtener propiedades cumpliendo con todas las exigencias legales como es el cubrir costos de titulación y pagos anuales de impuesto predial.

Para castigar a la delincuencia organizada se podría dañar derechos de todos al poner a ciudadanos honrados y delincuentes en la misma bolsa.

El Ministerio Público, luego de recibir la información de alguien que acusa a un vecino de realizar actos ilícitos en su propiedad, puede decidir si asegura o no dicha propiedad, según la ley. Además, la Lned indica que el MP puede, con cualquier información, preparar una acción de extinción de dominio contra cualquier persona lo que podría fortalecer el abuso de poder tan padecido por los sectores más desprotegidos de la ciudadanía.

Es posible incluso, con la nueva ley aprobada por los representantes populares en el Poder Legislativo, quitar y poner a la venta bienes asegurados antes de iniciar juicio y dictar sentencia.

Esta ley es un instrumento de lo que se perfila como un Estado autoritario pues, según estipula, el Instituto de Administración de Bienes y Activos se convertirá en esa figura para devolverle al pueblo lo robado, administrará los bienes asegurados y los podrá poner en venta, nada le impedirá que lo haga.

El análisis de Alfonso Meza permite ver con esta nueva legislación el interés del gobierno de la 4T por allegarse, pronto y sin obstáculos, de los recursos financieros que necesita el Poder Ejecutivo para llenar su fondo especial y dirigir los recursos a donde considere necesario.

La tentación de permanecer a toda costa en el poder dejó de ser eso, ahora cuenta con un instrumento legal para obtener recursos que fortalezcan su política clientelar dando a su electorado lo necesario para mantener su lealtad al Presidente.

Para concretar ésto se creará un Gabinete Social de la Presidencia de la República en donde se definirá cómo usar y gastar los dineros obtenidos con la venta de bienes asegurados.

Se crearán también sucursales de ese Gabinete Social en las entidades que decidirá el gobierno. El uso que se hará de estos recursos no necesita ser aprobado por la Cámara de Diputados, será paralelo al Presupuesto de Egresos que anualmente aprueba el Legislativo federal.
Como en regímenes autoritarios, se premiará a los delatores, la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio (Lned) indica que quien dé información tendrá una retribución de hasta 5 por ciento de lo que el gobierno obtenga por la venta de bienes asegurados.

Si al final del proceso sus propietarios resultan inocentes de la acusación padecerán todo un calvario legal porque lo más seguro es que se les pagará lo que determine la autoridad cobrando gastos administrativos e impuestos.

(Con información de Nexos).

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

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