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PUEBLA, Pue., 10 de noviembre de 2026.- Cobrar para evitar golpizas, exigir dinero para abandonar determinadas áreas, comercializar teléfonos celulares y controlar el acceso a servicios básicos son algunas de las prácticas que familiares de personas privadas de la libertad han denunciado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
Los testimonios describen un posible sistema de extorsión que tendría como víctimas a los propios internos y a sus familias, quienes deben conseguir recursos económicos para evitar represalias o mejorar las condiciones de estancia de sus parientes.
Las acusaciones también apuntan a la presunta venta de drogas, bebidas alcohólicas y dispositivos de comunicación, así como a posibles complicidades dentro del centro penitenciario.
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