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OTHÓN P. BLANCO, QRoo, 17 de noviembre de 2026.- Un total de 363 personas detenidas por extorsión durante los últimos tres años, de las cuales el 98 por ciento fueron vinculadas a proceso y 42 recibieron sentencias de hasta 37 años de prisión, forman parte de los resultados dados a conocer por el fiscal general del Estado, Raciel López, quien destacó una disminución del 32.9 por ciento.
El titular de la Fiscalía de Quintana Roo explicó que, de acuerdo con los resultados de una encuesta nacional sobre victimización empresarial, el estado registró una de las reducciones más importantes del país en delitos cometidos contra establecimientos comerciales y unidades económicas, colocándose en el primer lugar nacional por la magnitud de esta disminución.
Detalló que la entidad se ubicó en la posición 26 a nivel nacional en prevalencia delictiva, con dos mil 233 establecimientos víctimas por cada 10 mil unidades económicas, lo que la coloca entre los estados con menores niveles de victimización empresarial. Entre los delitos analizados se encuentran extorsión, robo hormiga, asaltos, fraude, corrupción, robo de mercancías en tránsito, robo de vehículos y delitos informáticos.

Otro de los indicadores destacados fue la percepción de inseguridad entre empresarios y comerciantes, que pasó del 76.1por ciento en 2024 al 45.8 por ciento en 2026, una reducción relativa del 39.8 por ciento, resultado con el que Quintana Roo también se posicionó en el primer lugar nacional por la disminución reportada en este rubro.
Raciel López atribuyó parte de estos avances al combate contra las estructuras dedicadas a la extorsión, mediante investigaciones, detenciones y procesos judiciales. Señaló que las 42 sentencias condenatorias obtenidas representan un avance en las acciones emprendidas para sancionar a quienes afectan el patrimonio y la tranquilidad del sector productivo.
Finalmente, destacó que mediante las reuniones del Grupo Centurión con representantes de la Fiscalía se mantiene una comunicación permanente con empresarios, comerciantes, restauranteros y otros prestadores de servicios, con el propósito de facilitar las denuncias, garantizar la confidencialidad y fortalecer la seguridad de los establecimientos.