Graco Ramírez deberá responder por Capella

20 de diciembre de 2018

8:22

Redacción/Quadratín Quintana Roo

CANCÚN, QRoo, 20 de diciembre de 2018.- Auditores recopilan las últimas pruebas en contra del actual secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella, para sustentar los delitos de probable desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, abuso de confianza y falsificación de documentos. Es cuestión de días para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos cite conforme a la ley al que fue el Comisionado Estatal de Seguridad (CES) en ese estado y otro de los que será llamado a citación dentro del procedimiento administrativo, por haber sido su superior, es el ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, si en el desahogo de pruebas contra Capella, se ve involucrado directa e indirectamente.
La evolución de la indagatoria se había frenado por asuntos internos de la Fiscalía, sin embargo la agilizarán tras la suspensión concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en el amparo 1969/2018, al Fiscal Juan Jesús Salazar Núñez, para el efecto de que no se dicte resolución en lo referente al procedimiento de responsabilidades administrativas y penales.
José Manuel Sánz Rivera, jefe de Gobierno de Morelos, confirmó que tienen pruebas de que Jesús Alberto Capella entregó documentación de haber pagado 27 millones de pesos para unos cursos que se dieron a más de 400 policías, capacitación que jamás se dio, pero sí se entregaron certificados.
En el expediente se incluye también el desvío de recursos del erario, en detrimento del gobierno, asignados al Fondo y Subsidio del Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), ya que hay evidencias de que no se equipó a los elementos del Mando Único y también existen irregularidades en la distribución de los mil 50 millones de pesos autorizados para la adquisición del equipo del Centro de Coordinación, Comando, Control y Comunicaciones (C5) del municipio Emiliano Zapata, del estado de Morelos.
Jesús Alberto Capella también incurrió en inflar la nómina del organismo a su cargo.
Tras la ratificación de la denuncia y la citación a la audiencia conforme marca la ley, se procederá al desahogo de pruebas para, posteriormente, emitir las sanciones correspondientes con base en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente y se procederá también a desahogar las indagatorias que impliquen la presunta responsabilidad de su superior, el entonces gobernador Graco Ramírez, y sobre todos aquellos que hayan colaborado en el presunto contubernio.
Este 12 de diciembre en la Ciudad de México, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tuvo una breve plática con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en el marco de la primera reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
“Le comentó los delitos en que había incurrido Capella, quien le acompañó a la reunión”, sin embargo, el Ejecutivo de Quintana Roo evitó hacer comentarios.
Ante la presión mediática, no aguantó y en una gira por Cozumel esta semana, Carlos Joaquín reviró a Cuauhtémoc Blanco: “no voy a entrar en esa polémica, el Gobernador de Morelos tiene sus ideas y yo hago mi trabajo”.
Sin embargo, para los auditores que trabajan en el caso Capella, en Morelos, las acciones de Capella no solo fueron ideas, son hechos consumados y actos presuntos de corrupción que, incluso, tendrían que ser ventilados en la Auditoría Superior de la Federación.
El caso Capella tendrá más capítulos, pero a la ciudadanía quintanarroense lo que le interesa más es que se contenga la violencia en esta entidad.
Jesús Alberto Capella asumió la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo el 26 de septiembre de 2018 y prometió resultados en tres meses. Faltan seis días para que se cumpla su plazo; sin embargo, considerando que el 14 de septiembre de 2018, cuando renunció como Comisionado Estatal de Seguridad de Morelos, reconoció públicamente que en su “esfuerzo de cuatro años y medio, el tiempo fue insuficiente para alcanzar y lograr los objetivos que esta administración se había planteado, en particular, recuperar de manera absoluta la paz y la tranquilidad del estado de Morelos”, qué puede esperar en 90 días la ciudadanía de Quintana Roo.