CANCÚN, QRoo, 21 de julio de 2022.- Los colegios de abogados que integran el Consejo General de la Abogacía Mexicana confirmaron su profundo rechazo a considerar al Tren Maya como algo de seguridad nacional.
En un pronunciamiento conjunto, consideran que reiniciar los trabajos “son acciones claramente inconstitucionales”, por lo que hicieron un enérgico llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que se ajuste a la Constitución y a la Ley de Amparo.
En el escrito firmado este 20 de julio, el Consejo General de la Abogacía Mexicana destacó que la declaratoria emitida por el Consejo de Seguridad Nacional no es un tema menor ya que el desacato a los mandamientos del Poder Judicial violenta los fundamentos del estado constitucional y democrático de Derecho y particularmente el equilibrio e independencia de los poderes públicos “independientemente de las razones que puedan esgrimirse en los juicios”.
Hay que recordar que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que permite preservar la materia del amparo y evitar así daños de difícil o imposible reparación, externaron.
Por ello, dijeron que continuar con las obras antes señaladas además de socavar la independencia de la función jurisdiccional, pone en riesgo la preservación de los derechos que se reclaman: “es pertinente señalar que los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas considera, entre otros aspectos, que los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos habiendo resuelto que la independencia de la Judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación de México y, por tanto, todas las instituciones gubernamentales y de cualquier índole deben ser respetuosas.
Por ello, los colegios de abogados que integran el Consejo General de la Abogacía Mexicana rechazaron decididamente este tipo de acciones por ser claramente inconstitucionales e hicieron el enérgico llamado al representante del Poder Ejecutivo Federal para que se ajuste a la Constitución y a la Ley de Amparo.
El pronunciamiento lo firman la Asociación Nacional de Abogados, la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., y el Iluste y Nacional Colegio de Abogados de México.
