OTHÓN P. BLANCO, QRoo, 7 de junio de 2019.- A pesar de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo en abril de 2019 en donde confirma que la Secretaría de Educación en Quintana Roo incurrió en una serie de irregularidades para retirar de sus aulas a 21 maestros, que se ampararon contra la reforma educativa, la titular Ana Isabel Vázquez, ha incumplido con el proceso de reinstalación y con el pago de salarios caídos y demás prestaciones de los maestros afectados.
El laudo emitido por la autoridad laboral confirma que los maestros cesados no fueron notificados de haber sido seleccionados para presentar la evaluación y que los servicios educativos incumplieron con la Ley General del Servicio Profesional Docente, además de que no existe constancia de que los maestros hayan sido notificados para formar parte del proceso de evaluación.
Se trasgredieron los artículos 6 y 12 de los lineamientos específicos al no ser notificados con al menos tres meses de anticipación y que el procedimiento de separación se había realizado con violación al artículo 75.
El documento asienta que la Secretaria de Educación incumplió con el término establecido en la ley para notificar a los maestros de la rescisión laboral por inasistencia, al proceso de evaluación cuyo plazo venció el 2 de marzo de 2016 “dejando pasar la temporalidad ya que la interpuso hasta el 15 de marzo de 2016”, excediéndose 13 días.
La autoridad federal establece que son inoperantes los motivos de disenso expresados por la Secretaría de Educación en razón que tienden a cuestionar la legalidad del nuevo laudo.
Ante la falta de voluntad mostrada por la secretaria de Educación, Ana Isabel Vázquez, de cumplir con las disposiciones y recomendaciones del gobierno federal de reinstalar a todos aquellos maestros que fueron cesados por negarse a presentar la evaluacion dentro de lo establecido por la extinta reforma educativa, analizan la posibilidad de recurrir a nuevos procedimientos jurídicos.
El maestro Jorge Reyes Flores, uno de los afectados, indicó que ante la posibilidad de que se recurra a un amparo contra la resolución, los 21 maestros harán uso de su derecho de subsistencia con lo cual la dependencia estatal estaría obligada a cubrir a cada uno de los maestros cesados el sueldo correspondiente a seis meses.
Lamentó que la funcionaria estatal no haya entendido el cambio que se ha originado después de la elección presidencial de 2018 y se resista a acatar los lineamientos de reinstalar a los maestros que fueron cesados de manera irregular.