Para violar la ley, López Obrador propuso, una vez más, una de sus ya clásicas encuestas “engañabobos”.

En esta ocasión el despropósito es de tal monstruosidad que López ordenó a sus subordinados del Tribunal Federal Electoral que pregunte a los habitantes de Guerrero y Michoacán si quieren como candidatos a Félix Salgado y a Luis Morón, respetivamente.

La propuesta presidencial –y la confirmación de que el Tribunal es un órgano capturado por AMLO–, se produjo luego de que el INE ratificó que, por violación de la ley, el árbitro electoral canceló el registro de las dos candidaturas del partido Morena.

Y la orden a los magistrados también se dio luego de que el propio Tribunal avaló la primera sanción del INE, ya que Félix Salgado y de Raúl Morón violaron la ley.  

Es decir, que el presidente mexicano atenta de nueva cuenta contra la Constitución y de nuevo recurre al maniqueísmo de las consultas a modo, igual que lo hizo para tirar el Aeropuerto de Texcoco y para cancelar la instalación de una empresa cervecera en Baja California, entre otras “encuestas patito”.

Sí, Obrador violenta la ley a contentillo, ya que no solo somete al Tribunal Electoral a sus caprichos, sino que hace campaña a favor de su partido y de sus candidatos –a los ojos de todos–, y hasta se da el lujo de poner a votación la ley y la propia Constitución.

Pero también es cierto que detrás de los despropósitos delirantes de Obrador, finalmente el Tribunal Electoral “sacarán las castañas del fuego”, en la crisis electoral de Guerrero y Michoacán.

¿Por qué?

No sólo porque se lo ordenó su jefe de Palacio sino porque lo que está en juego en esas dos entidades está muy lejos de la preocupación de Morena y del presidente por sacar de la postración a millones de mexicanos pobres que viven en Guerrero y Michoacán.

No, la verdadera disputa es el control de los negocios del crimen organizado en Guerrero y en Michoacán; negocios que sirvieron para financiar a Morena y para impulsar la llegada de AMLO al poder; negocios que se pagarán con las candidaturas de Félix Salgado y Luis Morón.

    Y es que en el proceso electoral que vivimos, López Obrador pone en práctica un juego no de tres y menos de cuatro bandas –la metáfora es propia del juego billar–, sino que le apuesta al “tiro de fantasía”.

Por un lado, con candidaturas y puestos de elección, AMLO paga facturas a sus aliados y financistas –como son los casos de Guerrero y Michoacán–, además de que utiliza la crisis electoral para hacer campaña, para vengarse de sus adversarios y, en especial, para llevar adelante su sueño de destruir al INE y de convertirse en el rey de México.

En Guerrero, por ejemplo, con el gobierno de Félix Salgado Macedonio, el estado será entregado al grupo criminal de Guerreros Unidos, cuyas cabezas visibles ya fueron exoneradas y convertidos en “testigos colaboradores”.

Y es que la deuda de AMLO con Guerreros Unidos es muy grande y viene desde los tiempos en que Obrador impuso a José Luis Abarca como alcalde de Iguala.

Hoy el objetivo es llevar al gobierno estatal a Salgado Macedonio, quien estará al servicio de Guerreros Unidos, los mismos responsables del crimen de “Los 43” y los mismos que hoy utilizan a niños –como lo denunció el diario El País–, para ser adiestrados como supuestos guardias civiles.

En realidad, se trata del adiestramiento infantil a manos del grupo criminal Guerreros Unidos.

A su vez, en Michoacán el Cartel Jalisco Nueva Generación tiene secuestrado el municipio de Aguililla, entre otras regiones de la entidad. Poco falta para que todo el estado quede en manos del grupo criminal, al que incluso solapan los militares que debieran combatirlos.

La llegada de Raúl Morón como gobernador será el pago a ese grupo criminal –por parte del gobierno de AMLO–, además de que servirá para iniciar una feroz persecución contra el gobernador Silvano Aureoles, uno de los adversarios más frontales de López.

A su vez, la decisión del INE de cancelar el registro a los candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán servirá de pretexto para destruir al Instituto, en tanto que, una vez concluido el proceso electoral, sobre el árbitro electoral y sobre sus consejeros caerá el descrédito total.

Y pueden decir misa los aliados y aplaudidores del gobierno de AMLO, pero lo cierto es que crece el tufo de un “narco-gobierno” en la gestión de Obrador.

Al tiempo.