Indicador Político

Los promotores del modelo económico de desarrollo con distribución del ingreso –desde el maestro olvidado Enrique Padilla Aragón en 1968– siempre insistieron en que la mejor forma de promover la justicia social era por la vía de la producción. Los subsidios crean gasto, en tanto que el empleo productivo genera bienestar.

De acuerdo con versiones de especialistas, la mayoría morenista en la cámara de Diputados le dio a la estrategia de gasto presidencial algo así como 400 mil millones de pesos para programas asistencialistas. Pero el efecto de ese dinero en la economía no impactará en el PIB estimado para 2020 de 0.5% a 1%, cuando el PIB se esperaría de 4%, 2% para 2020 y el 2% que quedaron a deber de 2019 para la meta sexenal promedio anual vigente de 4%.

El discurso gubernamental ahora desdeña el PIB, pero en compromisos de campaña y en los documentos oficiales hacendarios el PIB se colocó como el indicador por excelencia de las metas oficiales. Los programas asistencialistas, en efecto, ayudan, en tanto que los programas sociales productivos aumentan condiciones generales de bienestar. Una persona de la tercera edad recibirá un apoyo de 1,250 pesos mensuales o dos mil 500 cada dos meses, en tanto que un empleo productivo para ese sector podría darle un salario mínimo de 3,000 pesos. El apoyo asistencialista no crea demanda como un salario mínimo.

Los apoyos asistencialistas subsidian no al que los recibe sino a la economía; y el subsidio tiene un efecto circunstancial. Por ejemplo, 40 mil millones de pesos vía subsidios se disuelven en la economía de mercado, en tanto que esa cantidad, por ejemplo, destinada a carreteras o a obras crean empleos productivos en cadena y generan demanda efectiva como factor multiplicador. Ahí se localiza el eterno debate entre economía productiva y economía de subsidio. Inclusive, personas de la tercera edad podrían tener cabida como agentes productivos vía salarios en obras y no serían dinero pasivo disuelto en economías de apoyo.

El presupuesto 2020 aprobado “sin cambiar una coma” por los legisladores morenistas pasará a la historia como el de mayor incidencia social por asignaciones directas. Sin embargo, en nada influirán en una economía laboral donde el 57% de la población económicamente activa lo hace en condiciones de subempleo, es decir, sin garantías de bienestar ni protección social.

El problema de la economía mexicana es de producción, sobre todo con la vieja experiencia asistencialista del Estado y sus programas sexenales. El desdén hacia el PIB para sobreponer las cifras de subsidios funciona muy bien para el discurso político, pero no para la dinámica productiva. Los inversionistas atienden las cifras del PIB porque ahí se incluyen los datos de la demanda efectiva que atraería capitales para la producción, en tanto que los capitales especulativos se fijan en el tipo de cambio, en las tasas de interés y en el funcionamiento de la bolsa de valores.

El dinero destinado a subsidios es dinero desviado de la producción; el papel del gasto público es importante como detonador de la inversión privada. Un contrato para contratar empresas privadas en construcción tiene multiplicación amplia en el mercado de trabajo por contratación en muchos niveles. El Estado constructor tiene menos incidencia en el empleo que una empresa privada. Por eso los empresarios están diciendo sí a todo, pero hasta ahora han firmado compromisos de inversión sin soltar dinero a la espera de que el presupuesto publico a su vez incluya partidas para obras.

Como quedó el presupuesto 2020 “sin cambiar una coma” –es decir: sin potenciar gasto de inversión productiva–, el gasto tendrá 400 mil millones de pesos para programas asistencialistas, pero no impactarán en las expectativas del PIB que registra la suma de bienes y servicios producidos y las cifras efectivas de empleo productivo. Por tanto, el PIB que podría terminar en -0.2% en 2019 y no podrá saltar al 2% fijado en los Criterios Generales de Política Económica. La gran falla del Congreso estuvo en aceptar una economía de subsidios y no equilibrarla con una economía productiva.

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Sinaloa, con resultados. Aun deflactando el discurso político tradicional, el gobernador sinaloense Quirino Ordaz Coppel es de los pocos que está entregando cuentas productivas, no solo sociales: inversiones de 6 mil millones de pesos en infraestructura que generan una economía multiplicadora de actividad en otros sectores, para llevar a Sinaloa a un PIB estatal de 2.8% contra el 0.0% a nivel nacional. Carreteras, construcción y apoyo a sectores productivos impulsan una economía productiva y generan bienestar, sin descuidar programas asistencialistas.

Política para dummies: La política será desde ahora la guerra de las comas.

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