La pugna millonaria entre Vulcan Materials y México

SOLIDARIDAD, QRoo, 30 de diciembre de 2024.- En las costas turquesas de Playa del Carmen, donde el turismo y la conservación ambiental han sido pilares del desarrollo, se libra una de las disputas legales más emblemáticas entre el gigante estadounidense Vulcan Materials y el gobierno mexicano. La controversia no solo pone en jaque la relación bilateral, sino también cuestiona los límites entre el desarrollo económico y la preservación ambiental.

El enfrentamiento legal comenzó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero escaló dramáticamente con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. En el epicentro del litigio está el proyecto de Vulcan Materials, conocido localmente como Calica, que se dedicaba a la extracción de piedra caliza en vastos terrenos cercanos a la terminal marítima de Punta Venado. La empresa acusa al gobierno mexicano de violar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tras clausurar sus operaciones en 2022 y posteriormente expropiar los terrenos para convertirlos en un área de conservación natural.

En diciembre de 2018, Vulcan presentó una demanda de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En su reclamo, la empresa solicita una indemnización de mil 529 millones de dólares, argumentando que las decisiones del gobierno mexicano fueron arbitrarias, motivadas políticamente y carentes de base legal. Además, la empresa sostiene que los cierres causaron pérdidas significativas, incluyendo la interrupción de operaciones en los predios El Corchalito y La Adelita, adquiridos en la década de 1990.

Por su parte, el gobierno mexicano, respaldado por estudios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), asegura que Calica superó los límites permitidos de extracción, ocasionando daños irreparables a los ecosistemas locales, incluidos ríos subterráneos y biodiversidad. La clausura también responde a las demandas de comunidades locales y organizaciones ambientalistas que ven en la expropiación una oportunidad para mitigar el impacto de décadas de explotación minera.

La controversia no solo tiene consecuencias económicas, sino también diplomáticas. Senadores de Estados Unidos han expresado preocupación por las medidas del gobierno mexicano, sugiriendo posibles sanciones comerciales en caso de que el conflicto no se resuelva favorablemente para Vulcan. Mientras tanto, López Obrador reiteró que su administración priorizó la protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades sobre los intereses corporativos.

Independientemente del desenlace, este caso sentará un precedente para la relación entre empresas transnacionales y gobiernos soberanos, especialmente en temas sensibles como el medio ambiente. ¿Será esta disputa un ejemplo de justicia ambiental o una advertencia para las naciones que decidan enfrentarse a corporaciones poderosas? Playa del Carmen, con su belleza natural, sigue siendo el testigo silencioso de una batalla cuyos ecos resonarán mucho más allá de sus costas.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

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