Opinión/José Luis Camacho

21 de agosto de 2020

5:00

José Luis Camacho Acevedo

Luego de que se filtró a medios de comunicación la declaración del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República, en la que involucró a políticos mexicanos (incluidos tres expresidentes), vino la reacción y la etapa de los deslindes.

En la supuesta denuncia aparecen personajes ya desde hace tiempo quemados. Ya saben, los siete exlegisladores a los que se les habría repartido fajos de miles de pesos a cambio de apoyar la reforma energética, además de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray… además aparecieron nuevos personajes, como Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.

Como era de esperarse todos ellos comenzaron rápidamente a deslindarse, el primero fue el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien presentó una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya, ante un juzgado de la Ciudad de México.

Lozoya aseguró en la filtrada denuncia que entregó seis millones 800 mil pesos en 2014 al entonces senador Ricardo Anaya, por instrucciones del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien había estado insistiendo en reunirse con él, para hablarle de sus aspiraciones de ser gobernador de Querétaro.

Pero no es el único trapito que se le ha sido descubierto al queretano, ya antes ha sido descubierto como un lavador de dinero en otros videos donde su socio, Manuel Barreiro, y ahora el hermano de éste, Raúl, hablan de triangulación de fondos que consiguen de empresarios nacionales y extranjeros para apoyar la campaña presidencial de Anaya y remunerar esos apoyos desde una hipotética presidencia de la República que encabezaría el joven maravilla.

Ese comportamiento plagado de ambición e ilegalidades propició en su momento que en la coalición Por México al Frente se hayan dado casos de inconformidades entre sus integrantes y hasta de señalados distanciamientos de distinguidos personajes que integraban el bloque.
Así como el PRI, el Partido Acción Nacional tuvo la mayor derrota de su historia en el pasado proceso electoral. Ricardo Anaya es históricamente el panista presidencial menos votado en 20 años, al haber obtenido únicamente 12 millones 572 mil 074 votos.
Incluso Josefina Vázquez Mota, quien fue la candidata a la Presidencia de México en 2012, elecciones en las cuales quedó en tercer lugar, obtuvo más votos que los recabados por Anaya, 12 millones 786 mil 647 en total.
Todo indica que sus estrategias disruptivas están destinadas a tener un sonoro, y para el caso de Anaya un peligroso fracaso.

En política nada es para siempre.

EN TIEMPO REAL

1.- La inhabilitación de la editorial Nexos fue porque violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al presentar “información falsa” en una adjudicación directa del IMSS en 2018, informó la Secretaría de la Función Pública que dirige la Irma Eréndira Sandoval.
Para muchos, la inhabilitación por dos años y multa por 999 mil 440 pesos es un caso de censura, sin embargo, parecen olvidar que se acreditó que dolosamente Nexos presentó información falsa para obtener el contrato público.
Aunque lo que sucede en este caso debería preocuparnos con cautela, pues lo que está en juego es la diversidad de opiniones, la crítica, el contraste, la libertad de expresión.

2.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que revisará junto con el Consejero Jurídico, Néstor Vargas, la iniciativa presentada en el Congreso capitalino por el diputado de Morena, Miguel Macedo, para prohibir la venta de comida chatarra en la capital.
El objetivo de una ley de este tipo, si es que es viable, obviamente, es reducir la obesidad, diabetes o hipertensión, pero en particular en los niños y niñas, México es el primer lugar de obesidad en niños y niñas en todo el mundo y el objetivo es reducir este tipo de alimentación para los menores.
Cabe destacar que el 7 de agosto, el Congreso de Oaxaca aprobó la iniciativa para prohibir la venta de refrescos y alimentos chatarra a menores de edad.

3.- El Consejo de la Judicatura Federal suspendió seis meses al secretario en funciones de juez que amparó a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, para eliminar la acusación en su contra por el caso Agro Nitrogenados.

Esto, debido a que el secretario emitió una sentencia de amparo en la que declaró que la acusación por lavado de dinero en contra de Ancira en el caso Agro Nitrogenados estaba prescrita y ordenó cancelar tanto la imputación como la orden de aprehensión por la que el empresario está sujeto a proceso de extradición en España.

De acuerdo con el CJF la resolución resultó irregular debido a que otro juzgado de Distrito en Ciudad de México había resuelto previamente que el delito no estaba prescrito y a pesar de conocer esta sentencia, el secretario en funciones de juez decidió conceder la razón a Ancira