Periodistas asesinados o amenazados por desprecio delictivo

Indicador Político

En mayo de 1984 el periodista Manuel Buendía, columnista entonces del diario Excelsior, fue asesinado en céntricas calles del Distrito Federal y la responsabilidad del crimen fue acreditada al director de la Federal de Seguridad, la policía política del régimen priísta en la Secretaría de Gobernación. La investigación y los presuntos responsables fueron castigados, pero dejando viva la estructura de complicidad delincuentes-autoridades.

La amenaza el jueves pasado al columnista Héctor de Mauleón, especialista en denuncia de temas de seguridad, se localiza en la misma lógica que viene de 1984: los periodistas revelan la incapacidad o complicidad de las autoridades con el crimen organizado y quedan como el eslabón sacrificable: ahí están los casos simbólicos de Javier Valdez en Sinaloa y Miroslava Breach en Chihuahua, entre los casi 150 periodistas asesinados desde el 2000.

La profundidad de las indagaciones periodísticas para denunciar a delincuentes y cómplices del poder institucional explica también el escalamiento en la violencia contra periodistas: miles amenazados, golpeados, reprimidos en toda la república, sin que haya habido antes ni ahora alguna autoridad que imponga su fuerza para proteger el oficio de denunciar. La CNDH se burocratizó y los organismos de protección en Gobernación y Congreso nunca entendieron su función.

En su columna en El Universal y en textos en Nexos, De Mauleón aparece como uno de los más importantes especialistas en delincuencia y sus escritos revelan complicidades institucionales con los delincuentes. Pero en lugar de utilizar los textos de De Mauleón como fuente de averiguaciones para desarticular bandas, las autoridades miran hacia otro lado. La amenaza del jueves en su casa también escaló la dimensión de la inseguridad: nadie está seguro en Ciudad de México y en México y menos si su oficio es el de denunciar complicidades del poder con el crimen organizado/desorganizado.

De Mauleón aparece como la figura hoy amenazada por el crimen, pero en el interior de la república hay miles de periodistas que carecen de medios de alta resonancia, que son ignorados por las fiscalías locales y que tienen que huir de sus plazas en busca de la seguridad oficial denegada. Hasta ahora, ninguna parte de la estrategia de seguridad de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana ha abierto oficinas que atiendan no sólo la inseguridad de comunicadores por su tares de denunciar a delincuentes, sino para usar la información de denuncias para construir un mapa estratégico de criminalidad especializada.

No se necesita ser policía chino, ni James Bond región 4, ni un inspector Clouseau para entender que los responsables de las amenazas contra De Mauleón están en sus últimas columnas, que no se requiere de grandes dotes de investigador para señalar a los responsables y que sólo se necesita voluntad política y de gobierno para una operación de seguridad que desintegre bandas organizadas.

En 1984 la investigación gubernamental culpó a José Antonio Zorrilla Pérez, director de la DFS de Gobernación, del asesinato de Buendía, cuando él era sólo una pieza de un grupo político de altos niveles que impidió que el columnista revelara nombres de altos funcionarios y policías involucrados en los primeros cárteles de marihuaneros en México. No debe olvidarse que Caro Quintero portaba una credencial oficial de la Federal de Seguridad que Zorrilla por sí mismo no tenía poderes para otorgarla.

El caso de De Mauleón debe incorporarse a la estrategia nacional de seguridad pública por la sencilla razón de que sólo pudo ser amenazado por un grupo delictivo que las autoridades no han podido afectar. Y todos los casos de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados, amenazados o atacados por bandas criminales por denunciar el crecente grado de inseguridad en México también deben ser asumidos como parte del avance/estancamiento/retroceso de la seguridad pública en todo el país.

Las amenazas, agresiones o asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos son una provocación arrogante de las bandas criminales, porque su poder, fuerza y complicidades les permiten tocar a un sector sensible por su capacidad de denuncia pública de la inseguridad. Esas agresiones indican que los delincuentes no temen a las autoridades y éstas desdeñan las agresiones contra periodistas y activistas sin entender que ese desprecio es, de modo natural, una definición negativa de seguridad pública a la baja.

El apoyo a De Mauleón y a los cientos de periodistas y activistas amenazados, asesinados y agredidos es importante, pero sólo una acción decidida de las autoridades a favor de De Mauleón y expedientes pendientes podría convencer de que el gobierno actual sí está preocupado por el bienestar de un sector fundamental de la sociedad política.

Política para dummies: La política es el lado peligroso del poder.

[email protected]

@carlosramirezh

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

Síguenos en Facebook,  Twitter,  Threads,  WhatsApp,  Telegram,  TikTok,  Instagram,  YouTube