OTHÓN P. BLANCO, QRoo, 6 de diciembre de 2019.- El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, reiteró que es un perseguido político del mandatario estatal, Carlos Joaquín, y pidió que la Fiscalia General del Estado no ponga trabas a su defensa, luego de escuchar las imputaciones hechas por el Ministerio Público por el delito de peculado, que presuntamente ocasionó un daño patrimonial al erario público de 2 mil 510 millones 232 mil 744 pesos por la venta de 18 predios a un precio por debajo a su avalúo comercial.
Durante cinco horas, los fiscales del Ministerio Público detallaron cada uno de los 18 bienes, que formaban parte del Instituto de Patrimonio del Estado (IPAE), bajo la dirección de Claudia Romanillos Villanueva, y que fueron vendidos durante su administración.
Después de la imputación de los cargos y la solicitud de que sea vinculado a proceso en la investigación que se sigue en la carpeta 159/2017, Roberto Borge se reservó su derecho a declarar y solicitó una ampliación del término de 144 horas para presentar pruebas a su favor. Asimismo, la defensa del ex mandatario solicitó la comparecencia como testigos de los peritos valuadores así como del director de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Ageprqro), Eduardo Ortiz Hasso.
El juez de control determinó que la audiencia se reanude el próximo 11 de diciembre a las 10 horas para escuchar las explicaciones de los testigos y poder determinar la vinculación o no a proceso del ex gobernador quintanarroense.
Los fiscales anticorrupción solicitaron la vinculación a proceso al considerar que aportaron suficientes elementos que confirman la responsabilidad del ex gobernador en el delito de peculado.
Este proceso es paralelo a la imputación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), identificada como 381/2017 por presuntas Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
El anterior fue turnado a un juez federal de Nezahualcoyotl, Estado de México, pero se declaró incompetente. Ahora el expediente será turnado al Vigésimo Séptimo Colegiado con sede en Cancún.
Durante su intervención, Roberto Borge reiteró ser un perseguido político del gobernador Carlos Joaquin y pidió que se transparente su actuación con la Agepqroo además de que se deje de poner trabas a su defensa.
Por su parte, Rosa Pelaez manifestó que hay un trasfondo político en las acusaciones hechas contra Roberto Borge y más pareciera que le reclaman el hecho de no haber presidido solamente una de las sesiones del consejo del IPAE.
Consideró que los fiscales del Ministerio Público se contradicen en cuanto a las responsabilidades del IPAE que administraba los bienes del Estado y además administraba y enajenaba sus propios bienes. Recordó que esta audiencia inicial en la causa penal 159/2017 respecto al delito de peculado, es en cumplimiento de una orden de amparo interpuesta por el ex gobernador del estado.
Este 11 de diciembre, el juez determinará si procede o no la vinculación de Robert Borge por el delito de peculado por la venta de 18 predios a un costo mucho menor del avaluo catastral.