BENITO JUÁREZ, QRoo, 17 de febrero de 2020.- Al iniciarse el segundo período ordinario de sesiones de XVI Legislatura, el sector empresarial de Cancún hizo este día un llamado a los diputados locales a legislar las dos iniciativas en torno a la modificación del Artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio Benito Juárez.

En conferencia de prensa, detallaron que se trata de las iniciativas presentadas por los diputados Atenea Gómez y José Luis Guillén, a fin de resolver de fondo el conflicto por el cobro de la renta de los contenedores del servicio de recolección de basura.

En lo que ha sido un frente común del sector empresarial turístico, dejaron en claro la importancia de mantener el fomento y respeto de la autodeterminación respecto de los kilogramos declarados de residuos sólidos, así como omitir en la redacción de la Fracción I del Artículo 135 el concepto de generación como supuesto para determinar el monto a pagar por el servicio público a que se refiere dicho artículo, ya que el servicio público por el que se paga un derecho a la Hacienda Municipal es el de recolección y transporte al destino final de residuos.

Piden omitir también en la redacción del artículo cualquier referencia a los contenedores, en virtud de que un bien mueble no puede constituir un servicio público que es el que genera el derecho que se paga, ya que su propiedad corresponde a la concesionaria con la que el particular no tiene relación contractual.

Además, indican que no debe preverse la suspensión o limitación del servicio ante posibles adeudos, debido a que podría contribuirse a la generación de daños a la salud pública y al medio ambiente, y tampoco debe aprobarse el cobro de adeudos por este concepto por conducto de la concesionaria, ya que el derecho es una contribución cuya facultad de recaudación corresponde a la tesorería municipal.

Y, por último, apuntan que debe omitirse el supuesto de pago de derechos por recolección y transporte de manejo especial y de residuos peligrosos, cuya competencia corresponde al orden estatal y federal de gobierno, respectivamente, además de que la concesionaria no cuenta con las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes para recolectar, transportar, tratar y disponer tales residuos.