Piden a la Suprema Corte suspenda granja porcina en Yucatán

CANCÚN, QRoo, 5 de mayo de 2021.- Expertos en salud pública y conservacionistas pidieron este miércoles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordene suspender la operación de una granja industrial porcina en la Península de Yucatán.

La demanda cuestiona la decisión de las autoridades mexicanas de permitir la actividad de la granja ubicada cerca del pueblo maya de Homún, Yucatán, la cual tiene un manejo de alrededor de 49 mil cerdos en un área ecológicamente sensible, lo cual representa un enorme riesgo para la calidad del aire, el agua y la salud humana.

Además, señalan que viola el derecho de las niñas y los niños mayas a un medio ambiente sano, así como la autonomía como pueblo indígena.

En el documento legal que llevaron ante el Tribunal Supremo de México establecen que la contaminación derivada de las granjas porcinas industriales ya ha degradado de manera desproporcionada enormes extensiones de tierra y agua de comunidades indígenas en la región.

Además, se presenta evidencia científica sustancial sobre los daños graves e irreversibles a la salud humana y el medio ambiente que incluyen la contaminación del agua, en especial los cenotes, la emisión de contaminación atmosférica nociva, la propagación de patógenos peligrosos y la contribución al cambio climático.

El escrito amigo de la corte o amicus curiae plantea además que la operación de esta granja en particular genera más de 272 millones de kilogramos de orina y heces cada año, más de lo que genera toda la población humana de Tijuana.

Ese desperdicio se almacenará en pozos descubiertos y luego se eliminará en campos cercanos, una práctica empleada por muchas granjas industriales de animales en los Estados Unidos.

“La Península de Yucatán se ve frecuentemente afectada por huracanes, lo que probablemente hará que los pozos de desechos de esta instalación se desborden”, explicó la profesora asistente de salud e ingeniería ambiental y directora del Laboratorio de Evaluación de Exposición de la Universidad Johns Hopkins, Ana María Rule, que se unió a la demanda.

A su vez, la campañista de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México, Viridiana Lázaro advirtió que la ganadería industrial pone en riesgo la salud de las personas y la del medio ambiente.

“Este tipo de producción intensiva está cerca de los centros de población y las ciudades, lo que genera una mayor exposición a las enfermedades, por eso debemos buscar una transición del modelo agroindustrial, hacia una producción agroecológica, sustentable y saludable que respete los ciclos de la naturaleza y garantice el respeto a los derechos de las personas”, indicó.

La Península de Yucatán alberga cuatro sitios protegidos por la Convención de Ramsar, un tratado intergubernamental que protege humedales espectaculares: Laguna de Términos, Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, Parque Estatal Lagunas de Yalahau y Reserva de la Biosfera Ría Celestún.

La Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, ubicada en Homún en un sitio de importancia ecológica y mundial, es especialmente vulnerable a la contaminación de la operación de la granja. Los cenotes de la reserva son el hogar de especies amenazadas y en peligro de extinción, incluidos tres peces: la brótula ciega mexicana, la anguila ciega de cenote y el topote aleta grande.

Los cenotes también brindan áreas de descanso para las aves acuáticas durante su migración hacia el sur, y hábitat vital para especies nativas como la tortuga de caja yucateca, la salamandra lengua de hongo yucateca, la golondrina yucateca y la chara yucateca.

En el mes de abril, el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México presentaron una petición formal a las autoridades mexicanas exhortándolas a respetar el derecho soberano de las comunidades indígenas conforme a la legislación mexicana y los derechos humanos básicos, incluida la autodeterminación y la consulta, sobre la concesión de permisos y la operación de explotaciones porcinas industriales en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Las organizaciones solicitaron al gobierno que aceptara una denuncia popular de 21 comunidades mayas que solicitan una moratoria sobre todas las aprobaciones de nuevas operaciones de granjas cerdos industriales y expansiones de operaciones existentes, hasta que se respeten y resuelvan los derechos del pueblo maya y el daño continuo a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana.

En tanto, el escrito de este miércoles ante la SCJN fue presentado por Earthjustice en su propia representación y en nombre del Centro para la Diversidad Biológica, Coastal Carolina Riverwatch, Greenpeace México, Waterkeeper Alliance y los expertos Larry Baldwin, Dr. Lawrence Cahoon, Dr. Meghan Davis, Dr. Mike Fliss, Dr. Jill Johnston, Dr. Robert S. Lawrence, Bob Martin, Dr. Arbor JL Quist, Dra. Ana María Rule, Dr. Kendall Thu, Dr. D’Ann Williams y Dr. Sacoby Wilson.

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