CANCÚN, QRoo, 13 de agosto de 2019.- De cara a la discusión en el Senado para tipificar como delitos de delincuencia organizada la defraudación fiscal y la expedición y adquisición de facturas falsas, el presidente de la Coparmex Cancún, Adrián López Sánchez, hizo un llamado a los legisladores a privilegiar el diálogo y evitar que los buenos contribuyentes paguen las consecuencias de una mala legislación.
Aseveró que una legislación fiscal punitiva genera incertidumbre jurídica a los buenos contribuyentes, dentro de lo cual recordó que una prueba de la forma en que opera el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la cancelación de los certificados digitales de manera unilateral, lo cual impide a las empresas facturar y su operación futura queda a criterio del SAT.
Agregó que las reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente, pues en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras pudieran darse injusticias, al confundir a quienes realizan operaciones legales con aquellas que realizan operaciones fantasma, debido a cuestiones puramente operativas como la forma en la que se da de alta o baja en el SAT.
Asimismo, consideró que es momento de cerrar los espacios a una mala interpretación de la ley, ya que podría haber contribuyentes que sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente, pues al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no tendrían derecho a fianza e incluso podrían venderse sus propiedades de forma automática, debido a la recién aprobada Ley Federal de Extinción de Dominio.
De esta forma, lejos de abonar a la construcción de un sistema tributario robusto y seguro, se generaría una inquietud justificada, que pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial, cuyos niveles están en sus niveles más bajos en más de un año, de acuerdo con el último reporte DATA Coparmex.
Se pronunció por revisar ampliamente la iniciativa, con el acompañamiento de especialistas, a fin de que no se acuse de delitos graves a empresas o empresarios que podrían tener operaciones presuntamente inexistentes por circunstancias involuntarias o no intencionales.