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PUERTO MORELOS, QRoo, 14 de mayo de 2022.- Luego que diera a conocer el Ayuntamiento de Puerto Morelos, documentación por el probable delito de peculado y defraudación a los regímenes de seguridad social de los trabajadores de la comuna, así como el uso ilícito de atribuciones y facultades, atribuibles a la expresidenta municipal Laura Fernández, así como a miembros de su gabinete, ésta podría ser sometida a juicio.
El ayuntamiento de Puerto Morelos, encabezado por su presidente Blanca Merari, expuso las numerosas irregularidades de la administración encabezada por Laura Fernández -quien fuera alcaldesa de ese municipio en la administración pasada-, entre las poco más de 2 mil 500 observaciones que se realizaron en el proceso de entrega- recepción a gobierno de Blanca Merari, lo que generó la entrega de 64 citatorios a ex funcionarios, se turnaron a investigación 24 asuntos en procedimientos administrativos y en algunos casos, se realizaron denuncias de carácter penal, por un monto cercano a los 700 millones de pesos.
Entre las irregularidades de la pasada administración que Laura Fernández encabezó, se encontraron adeudos del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto estatal Sobre Nómina (ISN) con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el SAT en Quintana Roo, deudas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
También se detectó que altos funcionarios de primer nivel, como el Oficial Mayor, realizaron movimientos en el tabulador de puestos antes de la conclusión de la administración anterior, con el objetivo de quedar sindicalizados, lo que podría representar fraude laboral. Incluso las autorizaciones para estos movimientos fueron firmados por la expresidenta, el día 6 de junio de 2021, día de las elecciones en las cuales ella competía como diputada federal y no se encontraba en el ejercicio de sus funciones como presidenta municipal.
De igual manera, se detectó que se comprometían recursos de millones de pesos a 20 años, mediante las asociaciones público – privadas (APP), sin que fuera aprobado por la Legislatura de Quintana Roo, al tratarse de recursos financieros que comprometían administraciones más allá de la dirigida por Laura Fernández.
Igualmente se suma a la lista de irregularidades, los deudos con proveedores y medios de comunicación. Mientras que, en contraste, hubo obras que al inicio de la presente administración fueron recibidas con un avance físico del cero por ciento, mientras que en documentos aparece que los pagos estaban casi saldados en tu totalidad.
De acuerdo con el artículo 160 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, sobre las responsabilidades de los servidores públicos, éstos serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones y por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
Las sanciones son variadas de acuerdo con las particularidades de los hechos y procedimientos; también podría interponerse un juicio político, el cual tendría que ser promovido dentro del primer año del término de las funciones de la exfuncionaria
Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.
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