CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre de 2018.- En la primera sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena a través del legislador Pablo Gómez Álvarez, revivió el tema de la eliminación del fuero constitucional a los servidores públicos y presentó su iniciativa al respecto, la cual, a diferencia de la que se encuentra en el Senado y que fue aprobada por los diputados la Legislatura pasada, busca establecer la inmunidad constitucional, que abriría la posibilidad de sujetar a proceso penal a los altos funcionarios, incluyendo al Presidente de la República.
Dicha iniciativa busca modificar los artículos 38, 61, 74, 108, 11 y 112 de la Constitución Política; durante la presentación, Gómez Álvarez explicó que la inmunidad consiste en proteger la realización normal de las funciones de altos funcionarios, sin que puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se presente una acusación penal en su contra, y hasta el momento en que sean objeto de una sentencia judicial condenatoria; en el caso del fuero, señaló que, no es posible proceder a ejercer acción penal sin que el funcionario sea antes desaforado.
No obstante, dejó en claro que todos los funcionarios deben estar a la disposición de la justicia cuando sean acusados de haber cometido algún delito, y no debe existir ningún elemento que distinga o privilegie a una persona por el hecho de formar parte de alguno de los poderes, incluyendo al Presidente de la República.
“El llamado fuero constitucional, consiste en la inmunidad procesal penal, y es calificado históricamente en México como un privilegio para los funcionarios públicos (…) En este momento es considerado por una mayoría nacional, como un privilegio indebido, algo innecesario, por lo que es urgente ubicar a los titulares de los poderes públicos en situación de igualdad respecto del resto de los ciudadanos”, aseveró.
Por lo que el legislador morenista propuso también que, los servidores
públicos que ahora están “aforados” sean sujetos de procedimiento penal en libertad, y cuando el juez dicte sentencia condenatoria, notifique a la Cámara de Diputados que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó.
En el caso del Presidente de la República, se aplica la misma norma y procedimiento, sin embargo, para el retiro de dicha inmunidad y el cese de sus funciones se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de presentes de la Cámara de Diputados, y de dos tercios de presentes en el Senado. “Ese procedimiento y sus consecuencias se aplicarían a las o los gobernadores de los estados; la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; diputados locales de los mismos y magistrados de los respectivos tribunales superiores de justicia, por la comisión de delitos federales, sin que sea necesario que los congresos de las entidades se pronuncien al respecto”, puntualizó; la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
