Presupuesto 2020, eje de la 4T: muerte del corporativismo

21 de noviembre de 2019

10:16

Carlos Ramírez

Indicador Político

Si se parte de la certeza de que el presupuesto de egresos de la federación es política pura, entonces los jaloneos por la distribución de los dineros entre grupos corporativos organizados y la asignación directa podría ser el primer gran paso de la 4T para construir su propio sistema político.

En los hechos, se estaría pasando del corporativismo cardenista de organización de las clases en gremios subordinados al Estado a un presidencialismo unitario de relación directa con los beneficiarios. El primero constituyó la estructura de organización del PRM en tres sectores –el militar fue disuelto en 1941– que representaban a las clases obrera, campesina y profesional, base de organización del partido del Estado para negociar con la clase empresarial burguesa, pues el PAN como oposición a la Revolución Mexicana nació después de la expropiación petrolera.

El modelo de corporaciones de clase dentro del partido del Estado constituyó la fuerza política y social operativa del presidencialismo, pues enfrentaba a las diferentes expresiones de la burguesía. Pero el corporativismo fue eliminado por el neoliberalismo para sacar al presidencialismo del arrinconamiento de intereses. El último que usó el corporativismo como instrumento de lucha contra la clase empresarial fue Echeverría.

Los organismos de intermediación del Estado eran funcionales al modelo sistémico mexicano con el PRI como la caja negra –propuesta de David Easton– en cuyo seno se resolvían las contradicciones y disputas para llegar resueltos al ejecutivo. En este sentido, el presidencialismo mexicano se fortaleció por facultades constitucionales o metaconstitucionales o de fuerza autoritaria, pero también por la existencia de cuando menos dos instancias de intermediación: las corporaciones sociales y las cámaras industriales. De manera paralela, el Estado tuvo otro espacio de intermediación social: las organizaciones sociales que derivaron en organismos autónomos del Estado y en organizaciones no gubernamentales con poder de negociación con las instituciones.

En este contexto, el presidencialismo fue reduciendo su movilidad atrapado en una pinza de grupos sociales corporativos y organizaciones sociales. Y la reestructuración del presidencialismo lopezobradorista en el modelo de Estado unitario –centralizado, sin intermediaciones grupales– tiene que pasar por la anulación de interlocutores y la negociación directa con los beneficiarios del gasto público.

Este modelo político es el que explica la decisión presidencial de eliminar los organismos de intermediación de la presidencia con la sociedad, lo mismo en derechos humanos que en asignación de gasto. El enfoque presidencial tiene toda la razón: los organismos autónomos se burocratizaron y convirtieron en constructores de poderes fácticos reales y las agrupaciones sociales de intermediación también derivaron en grupos de presión ajenos a sus representados. Lo que queda por ver es la eficacia de un presidencialismo unitario manejando todos los asuntos del Estado de manera directa.

El debate del gasto no debería centrarse en las organizaciones campesinas que quieren intermediar el gasto al campo, sino en la reasignación del gasto para quitarles a unos y dárselos a otros. La decisión presidencial enfatiza en disminuir salarios, prestaciones y plazas, para aumentar el gasto asignado a sus programas asistencialistas a sectores vulnerables no productivos.

Pero el modelo de la cobija de zapa –versión Balzac– aporta datos de que esas reasignaciones no constituyen multiplicadores de demandas y por tanto no incidirán en el crecimiento ni en la producción. El PIB de 0.0 a -0.5% para 2019 y de 0.5 a 1% en 2020 no creará empleo ni bienestar; peor aún, tampoco aportará fondos fiscales para éstos y otros programas.

Los problemas de estructura del sistema se están probando en la realidad: los grupos campesinos de representación corporativa están usando la presión social de sus agremiados para doblar al Estado. De ahí que el conflicto entre organizaciones y el presidente López Obrador va a constituir la primera prueba de fuerza de la 4T, pero al mismo tiempo tendrá que mostrar mecanismos de relaciones sociales directas que fortalezcan al Estado.

Lo mismo ocurrirá con los organismos autónomos: la CNDH, el INE y otros se burocratizaron y se convirtieron en propiedad de una casta de poderes fácticos con recursos crecientes del Estado; su reorganización era necesaria, pero el riesgo está a la vista: convertirlos en apéndices del Estado unitario que no respondan a intereses sociales; es decir, pasar de una dependencia a otra, aumentando los problemas de movilidad de la presidencia de la república.

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