CANCÚN, QRoo, 16 de agosto de 2019.- El senador Samuel García Sepúlveda, del partido Movimiento Ciudadano, presentó una adenda a las comisiones dictaminadoras que analizan el tema de la compra y venta de facturas y empresas fantasma. Como se sabe, renunció a su salario, lo dona y vive de su firma fiscal, que ya está anunciando cómo hacer frente a la nueva iniciativa, es decir, está ya ofreciendo servicios de amparo, asesoría y manejo de contabilidad: un negocio redondo.
Samuel García Sepúlveda está adecuando el proyecto de una ley que ante la falta de conocimiento de las empresas y el terror fiscal que están generando con el proyecto de decreto contra evasión fiscal, le beneficiará particularmente.
El socio de la Firma Jurídica y Fiscal García.Mascorro ofrece, entre otros servicios litigio fiscal contra auditorías y créditos determinados por autoridades fiscales y amparo en contra de la declaración 3 de 3 y declaración fiscal.
“Exhortamos a utilizar estrategias fiscales legales y así evitemos las malas prácticas de: compra de facturas, simulaciones, prácticas fiscales indebidas o el out-sourcing ilegal que derivan cuestiones penales, y pongámonos a optimizar nuestros impuestos de manera legal y correcta”, dice quien es juez y parte, y enfatiza su despacho:
“Le resolvemos sus problemas en materia fiscal y administrativa de la manera más ética, responsable y eficiente”.
El senador dijo en conferencia de prensa que su propuesta se suma al proyecto de dictamen conformado por las iniciativas que él presentó.
Plantea atacar la evasión fiscal por facturas falsas que, de acuerdo a estudios e investigaciones sobre el tema, asciende a dos billones de pesos. La propuesta de cambio es que se impondrá sanción de cinco años a ocho años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Detalló que esa sanción es importante, porque de esta manera a quien cometa la irregularidad, ya no van a tener la capacidad de pagar fianza, “aunque regresen lo robado no se les va a perdonar. Ahora, su transa es que avientan 100 facturas, se roban el dinero, los cachan, y por una te la pago no entro a la cárcel’, ahora detectando una, irás para adentro, añadió.
En el mismo artículo se establece que quien venda la factura siempre caerá en delito sin importar el monto, en tanto que quien la adquiera se pondrá un salvavidas de dos millones de pesos para ser sancionado con prisión, y el fin de esto, dijo, es proteger a la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes).
“Hay muchas Pymes que no tienen contadores o pueden ser engañados o que hay empleados que pueden meter en problemas a los jefes, por eso ahí sí hay un tope, pero ahí además se tiene que comprobar el dolo”.
Indicó que lo que ahora está en debate es si el delito se vuelve o no prisión preventiva oficiosa, porque cuando dos o tres empresas confabulan para robarse los impuestos es delincuencia organizada.
Serán las comisiones dictaminadoras las que analizarán la conveniencia de incluir la adenda que presentó.
En la conferencia al senador -que es juez y parte- solo le faltó promocionar los servicios jurídicos y fiscales de su firma, y los amparos que ofrece contra el SAT.