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CANCÚN, QRoo, 18 de febrero de 2021.- Además de que ya prescribieron varios de los presuntos delitos de los que se le acusa a Roberto Borge, al estar ya más de tres años en la prisión del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, el Estado de Quintana Roo viola el tratado internacional de extradición de Panamá, aseguró a Quadratín Quintana Roo, Karin de la Rosa, abogado defensor del ex gobernador, acusado por cuatro supuestos delitos.
Luego de la audiencia virtual, llevada a cabo este jueves en la ciudad de Chetumal, que presidió el juez de control Daniel Estaban Farah en contra de Roberto Borge, en el caso que se le acusa presuntamente de aprovechamiento ilícito de poder por el asunto de Vip Servicios Ejecutivos S.A. de C.V., el abogado Karin De la Rosa aseguró que el ex gobernador de Quintana Roo “es un preso político del actual mandatario estatal, Carlos Joaquín, por lo que la consigna es no liberarlo hasta que no concluya la actual administración”.
El ex mandatario estatal fue deportado de la ciudad de Panamá a México el 4 de enero de 2018, para enfrentar los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultar o pretender ocultar el destino de diversos bienes, delitos de aprovechamiento ilícito del poder, delitos de desempeño irregular de la función pública y delitos de peculado.
En la audiencia, se desinflaron las acusaciones.
Karin de la Rosa dijo que de dos de esos presuntos delitos locales, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, utiliza como testigos a Javier y Jaime Zetina González, quienes son primos hermanos del actual gobernador Carlos Joaquín González.
“Los primos del gobernador Carlos Joaquín son los principales acusadores en dos de los juicios en contra del ex gobernador de Quintana Roo. Evidentemente es un tema político; las causas tienen algo en común, la esfera mediática que se ha generado en torno a las causas de Roberto Borge es muy grande, pero en la realidad se han venido desinflando todas”.
La audiencia intermedia de este jueves a través de medios virtuales, estuvo plagada de fallas por la mala conexión de Internet, al perderse constantemente el audio; se notó una notable y visible parcialidad del juez Farah Godoy como parte del debate de pruebas y de la negativa del fiscal, Carlos Tomás López, a ser claro, expedito y preciso en sus acusaciones en contra de Roberto Borge, pese a la reiterativa y llamado de parte de la defensa.
De la Rosa Peláez señaló que durante el debate de pruebas de este jueves existió un hecho público y notorio de parte del juez de control Daniel Esteban Farah, quien por cierto anteriormente fungió como juez de control de la audiencia.
Debido a eso, después de tres horas que duró la audiencia virtual con tres recesos, como parte de la defensa en varias ocasiones de manera respetuosa se le insistió al juez a pronunciarse si actuaría de manera parcial o imparcial; sobre todo cuando el fiscal López Magaña se negó a ser claro, preciso y contundente en cuanto a la fecha del 6 de diciembre de 2013, en la que supuestamente Roberto Borge le dio instrucciones directas a Javier Zetina, en ese entonces director general de VIP Servicios Ejecutivos S.A. de C.V., para que aprobara, antes de celebrarse la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la paraestatal, un convenio con la empresa Aerotaxi Villarica, S.A de C.V.
“Lo que yo veo es un tema concertado entre el Poder Judicial de Quintana Roo y la Fiscalía General de Quintana Roo, lo que me lleva a aseverar esto, es que en un inicio a Roberto Borge se le extraditó por cuatro causas, tres locales y una federal, por lo que el ex gobernador de Quintana Roo se puso a disposición del Juzgado Oral de Chetumal, quien se negó a tenerlo a disposición pese haber solicitado que fuera a través de video conferencia; por lo que fue violado el Tratado Internacional de Extradición de Panamá, al no ser puesto ante jueces locales y sí a ante un juez federal”.
Como ejemplo, detalló que Roberto Borge fue vinculado a hechos que ya prescribieron desde 2011, por la renta de aviones de Vip Servicios Ejecutivos S.A. de C.V., de acuerdo a la carpeta administrativa 154/2017.
Recordó que la pena máxima por este delito es de tres años, “tiempo que el ex gobernador ha estado privado de su libertad, desde su detención, desde el pasado 4 de enero de 2018”.
Debido a eso, explicó que se está jugando con la medida cautelar de prisión preventiva y con el sistema, debido a que los actos de vinculación solamente están sujetos a una investigación judicializada.
“Lo único que hacen, es patear la lata, al ser vinculado a proceso por hechos que ya fueron prescritos y otros que prescribieron en el camino. Veo parcialidad de los jueces, pues uno de los delitos por lo que se le persigue es el que tiene que ver con el otorgamiento de una concesión de carritos de golf, y que la pena máxima es de tres años, y él lleva más de tres años en prisión, pero a la Fiscalía no le interesa una sentencia condenatoria, y sí que Roberto Borge no salga libre durante la administración de Carlos Joaquín”.
El abogado fue preciso al indicar que los hechos por los que el gobierno mexicano solicitó la extradición del ex gobernador fue por servicios no prestados, pero la Fiscalía General de Quintana Roo ya reconoció que sí se prestaron.
“Todas estas cosas, confirman la hipótesis de Roberto Borge, de que es un perseguido político, y que yo comparto, al ver modificar las acusaciones de la representación social”.
Tan solo en el supuesto de que el ex gobernador coercionó a Javier Zetina, ese supuesto 6 de diciembre del 2013, reveló que Roberto Borge estaba ese día en Los Pinos, en el reconocimiento que hizo el entonces presidente Enrique Peña a los integrantes de Los Tigres por ganar el campeonato de béisbol, confirmó.
Para eso, indicó, sin dar nombres, que cuenta ya con testimoniales de los presentes para desmentir esa mentira en contra de su defendido.
Finalmente, informó que la audiencia virtual seguirá el próximo 4 de marzo, a las 10 horas.
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