CANCÚN, QRoo, 23 de noviembre de 2018.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aunque en la reciente visita que tuvo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador a la entidad, dijo que trabajaría con él “de la mano”, se alió con otros 11 mandatarios estatales panistas para exigirle respeto a su soberanía, especialmente en el tema de seguridad.
En un desplegado, Carlos Joaquín puntualizó, junto con sus homólogos, las que consideran son sus atribuciones.
A siete días del cambio de administración federal, el gobernador de Quintana Roo conjuntamente con Martín Orozco, de Aguascalientes; Arturo Vega, de Baja California; Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas, de Durango; Diego Rodríguez, de Guanajuato; Antonio Echevarría, de Nayarit; Antonio Gali, de Puebla; Francisco Domínguez, de Querétaro; Javier García, de Tamaulipas y Mauricio Vila, de Yucatán dijeron a Andrés Manuel López Obrador que no es válida la intención de supeditar el mecanismo de coordinación “a la figura de los llamados Coordinadores Estatales del Gobierno Federal, y colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no solo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”, reclamaron.
Le sugirieron al presidente electo que “el camino para resolver el gran pendiente de la seguridad es, por un lado, atender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado y, por otro lado, fortalecer las capacidades civiles de policía, investigación, procuración de justicia y reinserción social”.
Explicaron que sus gobiernos “colaborarán, en el ámbito de su competencia con las autoridades federales”, pero aclararon que “su colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales, incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar”.
Enfatizaron al Presidente Electo que “resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región”, por lo que las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa.
“No se imponen desde el centro”, reviraron a Andrés Manuel López Obrador.
Destacaron que “la colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, por lo que debe blindarse de componentes y fines político electorales, para hacerla un campo de neutralidad política por encima de diferencias ideológicas, con eficiencia, secrecía y profesionalismo.
En ese contexto, el bloque de gobernadores panistas encabezado por Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, pidió respeto a su soberanía.
Este jueves, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Bienestar y la figura de los 32 coordinadores estatales y 264 regionales, que sustituirán a más de 500 delegados federales, que fungirán como vigilantes del presupuesto federal y manejarán el tema de seguridad en el ámbito de su competencia.
