Inicia la SCJN proceso a Gobernador de Quintana Roo

12 de junio de 2019

14:43

Eduardo De Luna/ Quadratín Quintana Roo

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de junio de 2019.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició este día el juicio de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, por violentar la autonomía del municipio de Solidaridad, al expedir un decreto con el que tomó posesión de la Dirección de Seguridad Pública en este destino turístico.

La SCJN ordenó notificar la demanda, concediéndole 30 días para que acredite personalidad y domicilio a expensas de que si no lo hace, será notificado por listado.

Este juicio de controversia constitucional se encuentra marcado con el numeral 216/2019 y señala la Suprema Corte mediante una publicación en listado, que el apoderado legal del Poder Ejecutivo deberá comparecer y en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emita en este asunto.

El pasado 15 de mayo, el Gobierno de Quintana Roo emitió un decreto mediante el cual tomó control de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Solidaridad y, en aquella ocasión, Laura Beristain convocó como presidenta municipal a una rueda de prensa realizada en las afueras del Palacio Municipal en Playa del Carmen donde señaló que: “No vamos a permitir que los intereses de unos pocos usurpen funciones constitucionales sembrando el terror y pretendiendo asumir funciones que no les corresponden”, en alusión al acto en el que se impone el Mando Único, que se denominó Mando Centralizado, violentando el Artículo 115 Constitucional.

Esta acción por parte del ejecutivo estatal se dio a mitad del proceso electoral de 2019.

La misma noche del 15 de mayo de 2019, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, tomó posesión de las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad.

Una controversia constitucional es un proceso jurisdiccional seguido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como instancia única en la que se dirimen conflictos de constitucionalidad o de legalidad surgidos a partir de las distribuciones competenciales en los distintos órdenes jurídicos o derivados del principio de división de poderes.