CANCÚN, QRoo, 8 de noviembre de 2019.- Especialistas fiscales coinciden con empresarios en que la Unidad de Inteligencia Financiera se convertirá en una poderosa arma del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras el poder otorgado por los legisladores de Morena.

Alertaron que varios gobernadores están haciendo sus réplicas estatales, como es el caso de la Sefiplan en Quintana Roo y su recién estrenado SATQ. Solo que en este caso, los inspectores imponen multas onerosas, por ejemplo, a empresarios de la Riviera Maya.

La Unidad de Inteligencia Financiera al tener el poder de congelar cuentas bancarias, confiscar bienes aprovechando la extinción de dominio sin pasar por un fallo judicial, apoyado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, podrá por instrucciones actuar con
discrecionalidad y despojar de sus bienes a personas morales y físicas, sea con justicia o por perjudicar a inversionistas y ciudadanos que no coincidan con las ideas de la Cuarta Transformación.

Ya en distintos estados, uno de ellos Quintana Roo ha comenzado la cacería, según fuentes entrevistadas y atemorizadas ya que antes hicieron declaraciones contra el régimen y decisiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todo en materia turística.

Como se sabe, ya no será válida la presunción de inocencia ni las garantías individuales.

Para los especialistas esta nueva política que coinciden es un “terrorismo fiscal oficial” no va contra el crimen organizado, sino contra personajes que son generadores de opinión y que no comparten las ideas de la 4T.

“La mejor forma de callar la inconformidad es amenazando y ahora será pública y legítima”, lamentan.

Aunque su poder no se ha plasmado en el Diario Oficial, la UIF ya comenzó a congelar y descongelar bienes y cuentas bancarias de empresarios y familiares sin sentencias formales.

“Los poderes de la UIF, conjuntamente con la regulación de evasión fiscal y lo que se pretende hacer con el outsorcing no apoyará el crecimiento económico ni las inversiones”, lamentaron.

Los casos más evidentes son el de Rosario Robles y el congelamiento de sus cuentas; y el del ex ministro Eduardo Medina Mora, a quien se le congelaron y luego descongelaron cuentas tras su renuncia, no así el caso de Manuel Bartlett, quien siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública, no tiene problemas de terrorismo fiscal por ser parte de la 4T.

En unos meses, según los expertos fiscales, contribuyentes morales y físicos sufrirán en carne propia los cambios con estas leyes.