Visión Financiera/Georgina Howard
Manual para secar a la economía
Se acaba de dar a conocer que tres investigadores, dos del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y uno de la Universidad de Chicago acaban de ser galardonados con el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones al reconocimiento del papel que juegan las instituciones en el mejoramiento de vida de los ciudadanos.
Toman como uno de sus ejemplos en la investigación el caso de las ciudades de Nogales que, en su parte estadounidense ofrecen ventajas notables para sus habitantes mientras que en la parte de México, el progreso y bienestar están sensiblemente debajo del bienestar del que disfrutan los habitantes del Nogales en Estados Unidos.
Aquí en México existe ahora una corriente que desestima absolutamente el papel de las instituciones en la evolución de las sociedades y las familias que las integran.
La consigna de “al diablo con las instituciones” puede ser un claro ejemplo de la ignorancia sobre el papel del rol institucional en las dinámicas económicosociales.
Pero le voy a poner otro ejemplo
Yautepec es un municipio de Morelos que, fuera en otro momento la primera capital de ese estado.
Es uno de los 38 municipios con que cuenta la entidad y se estima que su población ronda los 150 mil habitantes.
Corresponde a Yautepec la comunidad de Oaxtepec que fuera un lugar de descanso de Moctezuma en donde se asienta un balneario llamado El Bosque, donde se presume que el último emperador azteca tomaba baños con aguas que llegaban desde la región del Popocatépetl y el Iztlaccíhuatl.
Oaxtepec es una comunidad que encuentra su sustento económico en la cercanía del balneario Six Flags, antes el balneario del IMSS, en la ex Hacienda de Cocoyoc, el pueblo de Cocoyoc y en un fraccionamiento muy grande de nombre Lomas de Cocoyoc, considerado como el paraíso de América, donde hay más de 5 mil casas que dan mucho trabajo a la comunidad de Oaxtepec, Tlayacapan, Cuautla y Cocoyoc.
A pesar de sus dimensiones poblacionales, Oaxtepec tiene al menos tres sitios de taxis que intervienen para que la gente se mueva de esa población a Tlayacapan, Yautepec, pueblo de Cocoyoc, la Hacienda del mismo nombre y Cuautla, a escasos 12 kilómetros.
El sitio de taxis con mayor membresía de unidades acaso tendrá 30 taxis y acaba de ser visitada por un grupo de malandros exigiendo, para dejarles trabajar, el pago anual de un millón de pesos. Sí, no me equivoqué: un millón de pesos de pago anual.
Para un sitio que tiene 30 unidades ese derecho de piso representaría el pago mensual individual de 2 mil 777 pesos durante 12 meses. El problema es que la organización de criminales, que les ofrecería la oportunidad de seguir prestando el servicio al público, exige que se les entregue esa cantidad en un plazo no mayor a 15 días o las unidades serán incendiadas aún con pasajeros en su interior y si no entregan la cantidad, los malandros prometen comenzar a quitarles la vida a quienes pertenezcan a la organización y no hayan respondido favorablemente a la exigencia.
Si esos taxistas fueran trabajadores formales, estuvieran dados de alta ante la autoridad hacendaria y, sin duda, tendrían cargas inferiores a las que aspiran aplicar los miembros de la delincuencia organizada.
A cada taxi le correspondería pagar por adelantado casi 35 mil pesos y ni aún de esa manera tendrían la garantía de no volver a ser molestados por algún otro grupo criminal de la zona, porque son varios que se disputan la región.
Nadie denuncia porque advirtieron que de denunciar a las autoridades habría represalias para todos los taxistas algunos de los cuales han sido registrados ya por nombre y domicilio.
El resultado que arrojó la situación ha provocado ausencia de transporte que afecta, sin exagerar, a miles de trabajadores que ahora llegan a todas partes tarde porque los taxistas también hacían labores de colectivos, y los malandros ya están también exigiendo a algunos arquitectos derecho de piso y compra de los materiales de construcción a un negocio en donde ya asentaron sus reales.
Si no compran el material de construcción en ese negocio están amenazados de muerte.
Como Usted ve, las cosas están complicadas, pero no solo en Yautepec, Oaxtepec o Cuautla donde al menos 40 por ciento de los locales comerciales han cerrado por la exigencia de derecho de piso.
El empleo ha caído y el registro de robos hormiga ha aumentado.
Algo similar sucedió con una verdulería en Oaxtepec, que tenía más de 25 años ofreciendo productos del campo a buen precio y la mejor calidad posible a sus clientes.
Los delincuentes le exigieron 300 mil pesos para mantenerse con el negocio. Esta cuota representaba a la verdulería el pago, anticipado, de lo equivalente a 25 mil pesos mensuales para que le concedieran la oportunidad de mantenerse trabajando en el negocio.
La dueña del negocio dijo que pocas veces lograba tener una utilidad de 25 mil pesos mensuales y que era imposible pensar en reunir una cantidad así, 300 mil pesos, para entregarlos en una disposición.
Si fuera negocio formal difícilmente tendría una utilidad de 300 mil pesos y mucho menos para pagar eso de impuestos.
Lo malo es que nada pasa. Lo malo es que nadie se compromete a poner en orden a esas bandas de delincuentes. Ahora jardineros, personal de limpieza y propietarios o habitantes de las casas cercanas a Oaxtepec tienen problemas para moverse.
Los taxistas quitaron de sus unidades las placas, no circulan con identificación ni engomado y los malandros amenazan que si los sorprenden subiendo usuarios van a quemar ahí mismo las unidades y sus ocupantes serán acribillados.
Ahora para tener derecho a trabajar también hay que pagar dinero a la malandrería y las autoridades no hacen algo porque posiblemente en algo están relacionados con la delincuencia organizada de quien presuntamente reciben también derechos por el ejercicio de la extorsión.
Así se seca una economía: permitiendo que trabajen los delincuentes con la indulgencia de los gobernantes.
Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.
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