Visión Financiera/Georgina Howard
Fuego abierto
Lamentablemente el tema es la inseguridad. Es imposible pensar que en menos de un mes de presencia en el ejercicio del poder la Presidente ofrezca resultados muy diferentes de los que entregó (¿?) el entonces presidente AMLO. El reto no equivale a “enchílame esta gorda”.
Tampoco hay algo nuevo en la propuesta de seguridad del actual Gobierno Federal. Nos quedan a deber la inteligencia financiera como ataque a las posiciones de dinero de los grupos de delincuencia organizada, la posibilidad de legislar para habilitar como posible el consumo de algunas drogas suaves, una política pública de rehabilitación para consumidores enviciados y la evidente necesaria vinculación y coordinación con las autoridades anti-drogas en Estados Unidos.
No es posible asegurar si el recrudecimiento de la criminalidad que hemos visto en varios estados del país responde al rompimiento de las facciones del Cártel de Sinaloa o bien si se trata de una recomposición de fuerzas en las divisiones de la narcodelincuencia o si estamos frente a un “jaque” de los grupos de tráfico de drogas que quieren ver hasta dónde siguen siendo válidos los términos de relación entre ellos y el Gobierno del país. No atinaría a adivinar cuál es la apuesta.
Lo cierto es que las cosas no están bien como nunca han estado desde que inició la “guerra contra el narco” aunque la violencia escala y cada día es más pública, más impune, más abierta y más generalizada.
Lo que más nos preocupa, después de la vida de los mexicanos y de las nuevas generaciones, es que no parece haber signos de que algo distinto se está preparando como lo que de manera muy ligera apuntamos renglones anteriores.
No sabemos si el gobierno tiene pensado escalar acciones y estrategias o si sigue considerando las del sexenio anterior o si , de plano, ni las toma en consideración como variantes para buscar las soluciones que se exigen en la sociedad.
Lo cierto es que la inseguridad está “secando” a la economía. Hace algunas columnas atendimos el caso de unos conductores de taxis que prestan su servicio a varios pueblos cercanas a Cuautla, la segunda ciudad en importancia dentro del estado de Morelos. Se exigía a los taxistas un derecho de piso de un millón de pesos. Durante poco más de una semana el servicio de taxis casi desapareció y se trastornó mucho la vida económica y social de varias poblaciones.
Ahora casi todo se ha regularizado sin que sepamos si se llegó a un acuerdo con los grupos de malandros que andan cobrando esas tarifas a taxista y negocios pequeños y micro.
Lo único cierto es que las tarifas del servicio han aumentado.
Si se llegó a un acuerdo pues qué mal porque los mexicanos que pagan esas cuotas debieran pagar mucho menos en calidad de impuestos tanto al municipio como a los gobiernos estatales o al Federal y lo que ahora hacen es fortalecer a los grupos delincuenciales que son los que ganan dinero a costa de lo que debieran de cobrar y administrar o los municipios o estados o el SAT.
Lo hemos permitido y parece que es demasiado tarde como para poderlo detener.
La violencia toma sus reales en nuestra cotidianidad y desconocemos si la autoridad nacional tendrá la capacidad o intención siquiera de comenzar a atender ese gran problema.
Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.
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