Universo Pyme

La Protesta

El primer gran obstáculo para la contra reforma energética que impulsa el Gobierno de López Obrador está a la vista y de pie.

El Gobierno de Estados Unidos y 40 legisladores estadounidenses ponen un muy molesto dedo en varios renglones.

México, señalan los legisladores, procura realizar cambios en su sector energético que son claramente violatorios al T-Mec.

Ya se había dicho por diversos medios y, entre muchos de ellos, por esta columna de Universo Pyme, pero quienes gobiernan oyen pero no escuchan.

En el proceso de renegociación del T-MEC era posible que cualquier país de los tres integrantes en este acuerdo advirtiera y reservara para su gobierno la explotación o participación exclusiva de áreas económicas específicas.

México no anticipó ningún cambio en el terreno energético porque sabía que esa carta complicaría mucho la conclusión del acuerdo que negociaban. Y prefirió callar.

Del asunto no se habló durante las negociaciones que facultaron al al actual gobierno federal firmar el cierre del acuerdo y turnar al Senado de la República los términos del mismo para su ratificación, cosa que se cumplió y se hizo en tiempo y forma.

Fue hecho compromiso del gobierno mexicano.

Ahora lo que quieren es cambiar las cartas sobre la mesa. Lo que pretende el representante del Poder Ejecutivo mexicano en turno equivale a promover un partido de futbol, desarrollar sin complicaciones el primer tiempo y a punto de iniciar el segundo, el administrador del estadio avisa que uno de los jugadores habrá que envestirse como árbitro del segundo tiempo, en el que se jugará un encuentro de beisbol y no de futbol, anticipando que el mismo administrador, ha decidido favorecer a dos de los participantes en este encuentro, por lo que privarán para ellos términos especiales durante sus turnos de bateo.

¿Así o más absurdo?

Los afectados por esta situación en Estados Unidos comienzan su defensa y llevaron el asunto ante legisladores estadounidenses el reclamo.

Y al menos 40 legisladores compraron el caso.

Una carta de dos páginas a renglón cerrado acompañada de tres páginas con 40 firmas extiende a tres secretarías del gobierno de Biden y a una sede diplomática, en materia de comercio, un enérgico reclamo no solo sobre las intenciones de cambio constitucional de México sino también de los obstáculos que México ya ha impuesto a empresas de la Unión Americana para que puedan cumplir sus funciones al amparo de la reforma energética que se concretó durante el sexenio previo al de AMLO.

Las acciones del gobierno mexicano se califican de discriminatorias y arbitrarias para bloquear la participación del sector privado estadounidense en el sector de energía, que es clave para los socios del norte de México.

Reclaman legisladores que el gobierno que encabeza AMLO ha suspendido permisos a empresas de Estados Unidos para cumplir funciones como almacenaje, forzando al cierre de 23 instalaciones y forzando a clausuras parciales de otras 17.

Luego, el reclamo directo apunta las baterías hacia las autoridades fiscales que cambiaron las reglas de participaciones para la llegada y salida de productos hidrocarburos a territorio mexicano así como la suspensión a las labores de 82 compañias para comercializar hidrocarburos, alegando violaciones fiscales.

Detalladamente se argumenta la cancelación de 1,866 permisos entre diciembre de 2020 y julio de 2021 tanto para la importación como para la exportación de petróleo, aceites, turbosina, Gas LP, combustóleo y gasolinas.

Para enriquecer el reclamo, los 40 legisladores quejosos esperan que su gobierno presione a su vecino del sur para que recomponga el escenario en el que venían trabajando ya que solo 97 de 1,954 permisos extendidos a compañías privadas se mantienen vigentes.

Para Estados Unidos la vinculación con México en el terreno energético y, específicamente, petrolero representó en 2020 un impacto económico de 1.7 trillones de dólares americanos y se soportan, por la relación de negocios con México, 11.3 millones de trabajos en territorio estadounidense.

En la defensa de ese mercado recuerdan los quejosos que México representa un cliente que explica 12 por ciento de las exportaciones vinculadas con productos relacionados con el petróleo.

Para rematar, los legisladores señalan que México ya ha caído en proceso de incumplimiento en sus compromisos realizados ante la Organización Marítima Internacional, que obligan a nuestro país, amen su voluntad de hacerlo, de usar combustibles con el menor componente de azufre, cosa que por supuesto no puede atribuirse al consumo de combustóleo.

El asunto no es menor y tan es así que fue precisamente el Embajador de Estados Unidos en México quien extendió al Presidente mexicano una visita.

La visita precisamente recalca la preocupación de Estados Unidos respecto al tema.

Si el asunto fuera menor, hubiese bastado una llamada telefónica o quizá una charla del Embajador con el canciller mexicano, pero no. Fue necesaria una visita en la que el diplomático estadounidense externara directamente al Presidente mexicano la preocupación por el tema.

El Embajador Ken Salazar entró a Palacio Nacional por la puerta principal y optó por no esconder su presencia, lo que es en sí mismo un mensaje claro.

Tan importante resultó que a la mañana siguiente al encuentro, los diarios consignaban no solo la visita diplomática sino también la voluntad del equipo legislativo de Morena de posponer para marzo o abril del 2022 el análisis de la reforma (contra reforma), aunque los diputados de la bancada del partido que gobierna manifestaron su interés de poner el tema sobre la mesa antes del cambio de año.

O sea, sí pero no, mejor no, o sí por qué no, siempre sí.

Usted entenderá, por supuesto.

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Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

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