Crece pobreza en Quintana Roo 17 puntos porcentuales

Al paso que va México tendremos que definir si la pobreza será considerada como una condición social y económica a revertir por políticas públicas o una profesión que exija registrar su salario mínimo correspondiente.

Lo cierto es que es absolutamente obligado el combatir la pobreza y pobreza extrema.

Con la pandemia la pobreza creció en el país.

El Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señaló que entre 2018 y 2020 un total de 19 entidades federativas presentaron un aumento en el porcentaje de su población en situación de pobreza.

Las entidades con mayores incrementos fueron: Quintana Roo, que de 30.2% pasó a 47.5%, es decir, el estado aumentó 17 puntos porcentuales en población en situación de pobreza.

Así como Baja California Sur de 18.6% a 27.6% y Tlaxcala de 51% a 59.3%.

El Coneval establece que las personas en situación de pobreza extrema aumentaron de 8.7 a 10.8 millones de personas.

La pobreza laboral pasó del 36.6% al 40.7% de la población.

También perdimos en la Clase Media. Según el INEGI entre 2018 y 2020 pasó de 47.2 millones a 53.5 millones de mexicanos o mexicanas.

Más de seis millones pasaron a formar parte de la pobreza.

La pobreza es una calamidad insoportable de consentir si vivimos en un país con la generosidad que ofrece nuestro territorio, la presencia de 11 mil kilómetros de litorales y una frontera con la nación con mayor nivel de consumo y además nuestro socio comercial desde 1994.

En el pasado las políticas públicas han permitido la concentración de la riqueza en un puñado de familias que cada sexenio solían ser más ricas.

No acertamos a decir que en este sexenio las cosas serán distintas porque aún no concluye.

Aunque al columnista no le parece que las políticas públicas en materia social garanticen al final de esta administración el que se hayan establecido las bases para que las condiciones que han propiciado un alto grado de marginalidad en el país se reviertan progresivamente.

Dar dinero a los mexicanos o mexicanas en condiciones de pobreza no garantiza que su contexto mejore o que tengan la posibilidad de haber nacido pobre con la garantía de morir en una realidad social diferente y mejor a la que existía a su nacimiento.

Ahora el pobre cuenta con la garantía casi absoluta de morir en esa misma condición.

La movilidad social para los estratos pobres es prácticamente imposible de pensar y menos de conseguir.

El gasto social que habrá de ejercerse durante 2022 alcanzará los 781 mil 300 millones de pesos (mdp).

Será 15% del gasto programable y 11.1% del gasto neto total. Un presupuesto 16% mayor (108 mil mdp) respecto al monto aprobado para el año 2021.

El avance en el presupuesto asignado al reto es relevante y nadie lo puede regatear lo que, lamentablemente, no garantiza el que hacia finales del 2024 tengamos un país con menor pobres.

La garantía que ahora ofrece la política social es que para ese año habrá una enorme cantidad de mexicanos que aspiren a que los montos que como apoyo reciben por ser población en condición de ser atendida por alguna carencia se mantengan en el peor de los casos.

Porque seguirán siendo pobres.
“Por el bien de todos, primero los pobres” sentencia el lema principal del Presidente de México, un lema inteligente y cierto cuyo creador fue Enrique González Pedrero, ex gobernador de Tabasco, priísta que tuvo la titularidad del Poder Ejecutivo en Tabasco entre 1983 y 1987.

Necesitábamos en 2018, como lo seguimos necesitando en 2022, cambiar progresivamente las condiciones que han propiciado un marco de pobreza en muchas regiones del país.

Establecer un diagnóstico que permita reconocer las vocaciones de esas regiones, propiciar modificarlas mediante programas públicos especiales que incorporen voluntad del sector publico e inversiones del sector privado nacional y extranjero para que quienes en qella viven, con su esfuerzo y voluntad, aprovechen las nuevas oportunidades para mejorar su condiciones de vida de manera lenta, pero consistente.

No debe de asustarnos el que haya, dentro del abanico de la política social, quien concede beneficios como dinero en ventanillas públicas, pero ciertamente no puede ser ésta una práctica que sea la regla en las políticas públicas sociales.

En este año que viene se invertirán, y espero que no se gasten, 781 mil 300 millones de pesos en 74 programas a aplicarse en zonas de alta tasa de marginación social.

La constante, señalan los críticos y con razón, es la opacidad, la falta de transparencia en su operación.

Solo 10 de los programas concentran el 83 por ciento del recurso social del 2022.

Del dinero a invertir 238 mil millones de pesos (30.5% del total) es para atender a los adultos mayores que aumentaron el recurso a su apoyo y redujeron la edad necesaria para ser acogidos por el programa que creció 69% para 2022.

¿Estaremos invirtiendo el dinero o lo estaremos gastando? ya veremos en 2024 si tendremos que reconocerlo o reclamarlo.