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CANCÚN, QRoo, 7 de diciembre de 2018.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que en el Congreso del Estado de Quintana Roo, conjuntamente con el de Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Sonora, Baja California, y Jalisco, el presupuesto por diputado es superior al del Congreso de la Unión, de 16.9 millones de pesos.
Diversos líderes ciudadanos, entre ellos el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz, acusan al Congreso de Quintana Roo, que encabeza Eduardo Martínez Arcila, que no se actúa de manera transparente ni se entregan cuentas claras, además de tener un alto presupuesto.
La Legislatura de Quintana Roo gastan 80 millones de pesos para ayuda social, pero no hay un informe de quiénes reciben el beneficio, dice.
El Observatorio Legislativo le solicitó al gobernador Carlos Joaquín González, que en 2019 ese dinero se quite de las facultades del Congreso y se reduzca a uno por ciento, actualmente es de 1.65 por ciento.
El Congreso de Quintana Roo es de los más caros: 440 millones de pesos al año, mientras que otras legislaturas operan con 150 millones de pesos.
Los diputados locales ganan 120 mil pesos nominalmente al mes, además de bonos, viáticos, vales de gasolina y recursos para apoyos sociales; además de tener asesores que cobran 80 mil pesos y son unos 500 empleados en total en el Congreso.
“Si quieren empezar con austeridad que empiecen con ellos, no ha habido ningún cambio, sólo de caras”, lamenta Eduardo Galavuiz.
En su Informe Legislativo 2018, el IMCO destaca que en México hay diputados locales que invaden funciones que les corresponden a los gobernadores, hacen uso indebido de recursos públicos, realizan una mala planeación del gasto y asignan de manera discrecional los presupuestos y el capital humano al interior de los congresos estatales.
El análisis destaca que los diputados locales, mil 124 en el país, rara vez son investigados y llamados a rendir cuentas.
Tras investigar 65 marcos normativos, 32 tomos de cuenta pública, 32 portales electrónicos y 800 solicitudes de información a los congresos estatales, el IMCO construyó una base de 4 mil 960 datos verificados y comparables y analizó cómo se puede avanzar hacia congresos locales más austeros y profesionales.
Destaca que hay 24 congresos que contemplan en su marco normativo el servicio profesional de carrera, pero solo cuatro lo aplican.
Precisa que los congresos locales tienen la responsabilidad de hacer rendir cuentas al Ejecutivo estatal sobre la ejecución de políticas públicas, el control del gasto y la aprobación del presupuesto.
Del total, ocho congresos consideran centros de estudios de finanzas públicas en su ley orgánica; el resto, no cuentan con la debida capacidad técnica para detectar con oportunidad variaciones injustificadas de gasto y llamar a la rendición de cuentas a los funcionarios responsables.
El IMCO señala que en 2017, 25 congresos locales gastaron mil 915 millones de pesos, en supuestas ayudas sociales, que no forman parte de las funciones de un legislador, ya que por ley no deben dar despensas o juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas económicas y tampoco construir obra pública.
En 2018 sostener las 32 legislaturas locales costará 14 mil 481 millones de pesos, por lo que se sugiere un análisis profundo de los gastos para tener un mayor control y eficiencia.
Menciona que en 2017, 27 congresos locales gastaron mil 340 millones de pesos adicionales a lo presupuestado.
El congreso que más gastó por arriba de lo aprobado fue Oaxaca, el cual tuvo un gasto adicional de 88 por ciento, lo que equivale a 342 millones de pesos, monto mayor al Fondo de Reconstrucción de Oaxaca por los sismos de septiembre de 2017.
En ese contexto, El Instituto Mexicano para la Competitividad, que es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro, que investiga y actúa con base en evidencia para resolver los desafíos más importantes del país, recomienda al Congreso de Quintana Roo y a sus homólogos, apegarse al presupuesto de egresos aprobado y evitar un aumento desproporcionado o cambios sin justificación; evitar el gasto en ayudas sociales que implique el ejercicio de funciones que no son propias de las legislaturas; dotar de autonomía financiera a todos los órganos superiores de fiscalización; implementar un servicio profesional de carrera; tener consejos fiscales con autonomía técnica que formen parte de los poderes legislativos locales.
En el informe se indica que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es dos veces más cara que el Congreso de los Diputados de España y detalla que si los congresos locales tuvieran un presupuesto por diputado como el de Puebla, se ahorrarían 10 mil 503.8 millones de pesos, lo que equivale al 27 por ciento del presupuesto del programa Pensión para Adultos Mayores de 2018.
Muestra que los presupuestos de ayudas sociales de la Asamblea Legislativa de la CDMX y el Congreso del Estado de México sumaron 576 millones en 2017 y que el congreso de Durango no dio ninguna respuesta a las solicitudes de información para realizar el estudio.
Enfatiza que la propuesta de Morena “presenta una oportunidad única para tener una discusión nacional y contar con congresos locales eficientes y austeros”, luego de que proponen ajustar el presupuesto entre 25 y 40 por ciento; suprimir partidas a grupos parlamentarios y comisiones; eliminar la práctica del moche, reducir comisiones legislativas, contratos por honorarios y viáticos y eliminar gastos de seguros médicos, telefonía celular, vales de gasolina y comida, uso de vehículos y contratación de despachos.
Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.
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