Terrorismo fiscal y también político

13 de septiembre de 2019

7:30

Pablo Hiriart / Quadratín Quintana Roo

Uso de Razón

La propuesta del gobierno es equiparar a la defraudación fiscal, así sea cometida por error involuntario, con delincuencia y organizada. Y a partir de ahí aplicar la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio.
Ya Morena la aprobó en el Senado, con matices realizados al calor de la discusión, pero al final la esencia sigue siendo la misma.
Cárcel a quien se sospeche que defraudó al fisco, sin derecho a fianza, independientemente que si al final del proceso el ciudadano resulta inocente.
Aunque sea inocente, o haya actuado sin dolo, el contribuyente perderá su casa u otros bienes por la sospecha de los comisarios de la 4T de que cometió fraude al fisco.
Eso es terrorismo fiscal por donde se le vea.
Vaya paradoja: los que defraudaron al fisco por una década entera sin pagar impuestos por el dinero que les donaba “la gente”, ahora que llegaron al poder quieren meter a la cárcel a quien ellos presuman que usan una factura falsa.
Además, quitarle sus bienes antes de probar que es culpable.
Esa es la relación que el gobierno quiere construir con sus gobernados.
Eres un delincuente peligroso para la seguridad nacional, por la sola sospecha de funcionarios del gobierno morenista.
Directo a la cárcel mientras se averigua si eres culpable o inocente de defraudación.
Y tus bienes pasan a propiedad del Estado, que los vende o remata a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
¿Eres inocente y así lo determina el juez?
Lo que sucede, según las nuevas leyes, es que te pagan el importe de la casa o el bien que te expropiaron y vendieron.
Esa casa de historia familiar o que se ganó con el trabajo y el dinero bien habido del contribuyente, de sus padres o sus abuelos, ya la perdió.
¿Y el tiempo que el contribuyente pasó en la cárcel como reo de alta peligrosidad, sin haber cometido delito alguno?
Recibirá un “disculpe” usted, si es que andan de buen humor los comisarios políticos del gobierno habilitados como inspectores del fisco.
Equiparar en la ley a la defraudación fiscal con amenaza a la seguridad nacional, es tratar al contribuyente como terrorista.
Así quiere relacionarse el gobierno con sus gobernados.
No hay medias tintas. Cárcel inconmutable por sospecha, o denuncia. Agreguemos también persecución política.
¿A quién se le ocurre equiparar la actividad empresarial con delincuencia organizada en potencia?
A Morena. Ya aprobaron la ley en el Senado y pasó a diputados.
Hay un matiz importante que hizo el senador Ricardo Monreal: el contribuyente que adquirió, compró, expidió o vendió un comprobante fiscal que no supere un aproximado de ocho millones de pesos, enfrentará el procedimiento penal en libertad.
Qué magnánimos.
El principio, sin embargo, sigue siendo el mismo. Y lo de delincuencia organizada no se lo quita nadie, por lo que sus bienes se expropian (incautan) y se venden antes de ser declarado culpable por un juez.
En la ley que mandó el gobierno y aprobó Morena, no existe la presunción de inocencia.
Aunque un contribuyente haya presentado una factura presuntamente falsa, sin tener conocimiento de que la empresa que se la expidió existe o no, va a la cárcel y le rematan los bienes.
No necesita haber dolo, y ni siquiera delito juzgado, para que el contribuyente sea tratado como parte del crimen organizado y el gobierno le arrebate y le venda sus bienes.
A los criminales y narcotraficantes no se les persigue. A los contribuyentes sí.
¿Por qué?
En el mejor de los casos, porque se les cayó la recaudación.
Se les cayó, no por culpa de los contribuyentes, sino por su falta de aptitud para gobernar.
La economía se les vino abajo y se quedaron sin dinero.
En julio, la caída en la recaudación de IVA fue de 7.9 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2018.
Y la caída en el ISR fue de 10.1 por ciento.
Sí, la economía que crecía a un modesto 2.5 por ciento el año pasado, la “lograron” bajar a 0.0 por ciento.
Obviamente se les vino abajo la recaudación. Y el año que viene tampoco va a estar a la altura de sus expectativas, porque la economía no va a crecer al dos por ciento.
¿Qué culpa tiene el contribuyente que el gobierno haya golpeado la confianza de los inversionistas con decisiones ideológicas, o de hígado, como fue cancelar el NAIM y frenar la reforma energética?
Ninguna. Pero el ciudadano va a pagar las consecuencias porque el gobierno no admite ni asume sus errores.
Y de manera adicional, el gobierno de Morena tendrá una poderosa arma para encarcelar y despojar de sus bienes a los empresarios que no se alineen con la 4T.
A los que financien partidos o medios de comunicación críticos.
A los que investiguen o denuncien corrupción de funcionarios del gobierno.
O tal vez no lo hagan. Pero tendrán el instrumento legal a la mano.
Terrorismo fiscal y también político.