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Auditorías federales al gobierno estatal y municipios de Quintana Roo

Redacción/Quadratín Quintana Roo
 
| 03 de julio de 2018 | 9:54
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CANCÚN, QRoo, 3 de julio de 2018.- Luego de que el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, indicara que en la fiscalización de la cuenta pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró presuntas irregularidades en el gasto federalizado por 7 mil 770 millones de pesos, de los que ya se recuperaron tres mil 887 millones de pesos y debe aclararse la canalización de tres mil 883 millones de pesos, seguirán las auditorías en el Gobierno de Quintana Roo y 10 municipios hasta febrero próximo.
 El titular de la ASF aceptó que anteriormente se llevaron a cabo gestiones inadecuadas, por lo que dentro de su restructuración al frente del organismo se hará un seguimiento y control estricto del gasto público mediante el establecimiento de un área especial de seguimiento.
Dentro del informe, se realizaron 344 revisiones, equivalentes a 22 por ciento de las mil 592 auditorías programadas para la revisión de la cuenta pública de 2017 y el restante 78 por ciento, se presentará en octubre próximo y febrero de 2019, por lo que seguirán las auditorías.
Dentro del programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública de 2017, el gobierno de Quintana Roo tiene 17 procesos de indagatoria; mientras el municipio de Bacalar, uno; Benito Juárez, tres; Othón P. Blanco, uno; Puerto Morelos, uno; Cozumel, dos; Felipe Carrillo Puerto, dos; José María Morelos, uno; Lázaro Cárdenas, uno y Solidaridad, uno.
La mayoría son de cumplimiento financiero de distribución de participaciones federales, apoyos a centros y organizaciones de educación, entrega de recursos a entes ejecutores de Quintana Roo y sus municipios, desempeño a programas de escuelas de tiempo completo, inversiones físicas en esquemas y fondos federales de Quintana Roo, cumplimiento financiero de Prospera, sector salud, canalización de recursos para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, nómina educativa y gasto operativo, además del cumplimiento en aportaciones para seguridad e infraestructura social, Programa Escuelas al Cien, subsidios a municipios y demarcaciones territoriales, entre otros.