CANCÚN, QRoo, 18 de junio de 2018.- La prohibición existente para entregar permisos de extracción de agua en 300 cuencas del país, que equivalen a 55 por ciento de lagos y ríos, desapareció con los decretos de reservas de agua, lo que significa que el vital líquido se concesionará hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, coincidieron especialistas de la asociación Agua para Todos.

Destacaron que la reorganización de las concesiones beneficiará a las zonas urbanas contra los derechos de núcleos agrarios, lo que pone en riesgo el derecho humano al agua en las comunidades rurales, pese a que es constitucional.

Los expertos catalogan el hecho como una reforma estructural en materia de agua que no pasó por la autorización del Congreso de la Unión y adelantaron que gran parte de esas cuencas hídricas coinciden con sitios donde existen esas actividades como la cuenca San Fernando Soto La Marina, en Tamaulipas, o Nuevo León. Lamentaron que los decretos desconocen las garantías de los pueblos indígenas.

El especialista Pedro Moctezuma detalla que en las cuencas de los ríos Actopan y la Antigua, con el decreto se plantea el uso doméstico y público urbano así como la modernización de los servicios del líquido, que será manejado por las empresas Odebrecht y Aguas de Barcelona.

Los representantes de Agua para Todos, dijeron que ahora los gobiernos estatales y municipales concesionarán el agua a las empresas que decidan tanto para uso doméstico como público urbano.

Luego de conocerse la medida, grupos agrarios están en riesgo de perder sus permisos, por lo que ya están preparando sus amparos, precisaron los representantes de Agua para Todos.

Explicaron que por varios meses, organizaciones, académicos y legisladores de oposición evitaron que se aprobara la iniciativa que preveía trasvases y la privatización del líquido, “pero ahora con los decretos se eliminan las vedas vigentes y se hace la asignación de grandes volúmenes a los gobiernos estatales y municipales”.

Los especialistas denunciaron que “en nombre de la conservación, se levantaron vedas y se favorecieran los trasvases del recurso, que implica llevar el agua de una región a otra”.

La veda fue levantada en 300 de las 756 cuencas del paìs. Los decretos presidenciales levantan las prohibiciones así como el otorgamiento de concesiones en 40 por ciento de estas 756 y se ubican en 20 estados. Representan 55 por ciento del volumen superficial, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

El WWF precisa que la reserva es un volumen de agua destinado para la protección de la naturaleza y el consumo humano, y detalla que participó con la Comisión Nacional del Agua en la definición del recurso que requiere la flora y la fauna en una cuenca para su conservación, así como el que se necesitará ante el crecimiento de la población en los próximos 50 años, respetando usos para actividades productivas actuales y futuras.

Con los decretos se extinguen las concesiones sin título vigente (unas 50 mil) y con documentos caducos, ya que muchos núcleos agrarios tienen las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esa figura cambió con la ley de Aguas Nacionales y nunca se renovaron.

Los 10 decretos que modifican el estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen elimina “la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua”.

“Así, 55 por ciento del vital líquido se utilizará para fines lucrativos, privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales, municipales o entregando concesiones de agua a distintas empresas extractivas de sectores como el minería, hidrocarburos, turístico, o inmobiliario”, denunció Agua para Todos.

Los decretos favorecen los trasvases de agua a gran escala, como los que se diseñan en megaproyectos hidráulicos y son uno de los casos más evidentes de despojos de agua a comunidades indígenas o agrarias, detalló la asociación.

Así, esas comunidades que tuvieron ese derecho por años y han cuidado y protegido ese bien común, no lo tendrán más ante el poderío económico de las empresas que con sus con mega proyectos de desarrollo podrán utilizar las expropiaciones para que el vital líquido se traslade a las ciudades o a donde ellos quieran, acusó finalmente.