CANCÚN, QRoo, 6 de octubre de 2018.- Iniciará el DIF de Benito Juárez una campaña para generar conciencia entre la población sobre el derecho fundamental a la educación inclusiva, anunció la presidenta honoraria de esa institución Gloria Torruco de O´Farrill, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la educación especial, ya que esta propicia la discriminación.

Manifestó un reconocimiento a la labor de la SCJN por esta disposición que permite que todos los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, tengan acceso a la educación en igualdad de condiciones.
En ese sentido, agregó que estarán aplicando de manera inmediata programas y estrategias que permitan sensibilizar a la población en todos sus niveles y sectores.
“Tenemos el firme compromiso de crear una cultura de respeto hacia las personas con discapacidad, por ello es importante fortalecer la educación regular, a fin de ir eliminando paulatinamente las barreras que apremian a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad para que sean incluidos”, dijo Gloria Torruco de O’ Farrill.
Por ello, el DIF se suma a la labor realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para garantizar el amplio derecho de los menores con discapacidad a la educación en igualdad de condiciones.
Señaló que de acuerdo a su competencia, el DIF de Cancún aplicará las medidas necesarias para fomentar la inclusión en todas las escuelas.
Y es que el miércoles 3 de octubre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo general u ordinario -sin reglas ni excepciones-, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional.
Al resolver el amparo en revisión 714/2017, los ministros de la corte se pronunciaron respecto a la constitucionalidad de los artículos 33, fracción IV bis y 41 de la Ley General de Educación, así como del artículo 10, fracciones IX y X de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que se refieren a la denominada educación especial, y sostuvieron que en el Estado Mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: el regular, para todos los alumnos, y el especial, para las personas con discapacidad.
Por ello, resolvieron, que las políticas y los recursos encaminados a formular prácticas inclusivas deben estar sobre las que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los educandos, atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad; para lo cual, progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, se deberán tomar ajustes razonables, como lo son, entre otros, capacitar a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos.