Visión financiera/Georgina Howard
La tecnología en inteligencia artificial es sorprendente; traducciones en línea tanto como reconocimiento de voz y comandos diferentes idiomas, seguimiento facial, expediente clínico y biomolecular para seguimiento y tratamiento de pacientes, robótica y domótica, entre una vasta gama de aplicativos.
Las búsquedas dentro de exabytes generados –es una enorme cantidad de datos- en la internet requieren de equipos computacionales y de personas muy especializados en las áreas de matemáticas, ciencia de datos, sistemas informáticos y comunicación, ciberseguridad, internet de las cosas, etcétera.
Por ejemplo, detrás de la magia construida para que sistemas puedan interpretar más de 26 idiomas en buscadores pro internet requiere un colosal equipo de trabajo, con cientos de miles de empleados subcontratados para definir, etiquetar y facilitar el desarrollo de aplicativos -J.C. Wong, The Guardian, miércoles 29 de mayo de 2019-.
La labor de cientos de miles trabajando detrás de la inteligencia artificial es invisible para el usuario. Teniendo esto en mente, permítame tomar dos asuntos muy relevantes, en mi opinión, para nuestro país: Ciberseguridad y Sistema de Salud. Hay muchos, pero estos ilustran mi punto.
El desarrollo de sistemas para seguridad y ciberseguridad en megalópolis –como el caso de la CDMX- requiere algoritmos complejos, confidencialidad de datos personales, procesamiento en comunicación y seguridad de la red misma ante ciberataques. Logros importantes solo son alcanzables de largo plazo y con cantidades importantes de recurso humanos y financiero.
Un desarrollo para expediente clínico requerirá símiles; pero añadiendo información de ADN o RNA así como marcadores moleculares en padecimientos o propensión a ellos. Imágenes, tomografías y todo medio para diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes.
El mismo caso, son de la mayor importancia los recursos financieros y humanos; así como el inexorable tiempo, es decir, planes de largo plazo. En ambos, ciberseguridad y salud, la cantidad de datos llegará a ser enorme -trillones de datos; exabytes de información-, y serán necesarios equipos de trabajo suficientemente grandes para alcanzar la entrega.
Además de la infraestructura necesaria en telecomunicaciones, procesamiento, mesa de ayuda a usuarios –llamados moderadores en redes- y fábrica de software; por lo menos. Las necesidades rebasan los periodos sexenales, las capacidades financieras anualizadas son limitantes.
Si queremos que como país transitemos firmes en el siglo XXI no hay otro camino que formalizar la autonomía en las políticas públicas para la generación y aplicación del conocimiento.
Esto no es un asunto menor, todo lo contrario; es de la mayor relevancia para propiciar desarrollo social, ambiental y económico de manera sostenible.
Para llevar los beneficios del conocimiento a todos los rincones de México hace falta acompañar a programas científicos, tecnológicos y de innovación (CTI), además de bien intencionados, con una normatividad completa, conexa y apropiada.
La Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT) no es un tema que legisladores deben soslayar. No es por sí sólo que el conocimiento resolverá los problemas tan urgentes, como en salud y ciberseguridad, sino que es fundamental la autonomía constitucional en organismos rectores de política pública y la normatividad complementaria. La normatividad dislocada, como el caso de la LCYT, entorpece cualquier esfuerzo mexicano. * Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias
Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.
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