Las Batallas

El proceso electoral de 2027 tendrá un desafío que va mucho más allá de la disputa entre las fuerzas políticas del país: impedir que el crimen organizado y grupos de poder encuentren espacios para intervenir en las elecciones, financiar campañas, establecer compromisos con candidatos o convertir gobiernos municipales en piezas de su estructura territorial.

No es una preocupación nueva, pero la dimensión de las elecciones del próximo año —donde se elegirán 17 gubernaturas, se renovará el pleno de la Cámara de Diputados, 31 congresos locales y más de 2 mil presidencias municipales y sus cabildos, en total más de 20 mil cargos de elección popular— ha obligado a las autoridades a colocarla desde ahora entre las prioridades del Estado mexicano.

Será una elección enorme y profundamente territorial, y es precisamente en los territorios donde las organizaciones criminales tienen mayor capacidad para ejercer presión sobre autoridades, partidos y candidatos.

Por eso, nos aseguran, el gobierno federal ya tiene en marcha un esquema de coordinación con las autoridades electorales para blindar el proceso y cerrar espacios a cualquier intento de infiltración en candidaturas y campañas durante la elección federal intermedia del próximo año y las concurrentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya ha colocado públicamente el tema sobre la mesa. En mayo pasado, su gobierno planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan revisar la integridad de quienes pretendan competir por cargos de elección popular y evitar que personas vinculadas con organizaciones criminales lleguen a una candidatura.

Y si la discusión es delicada, las acciones para blindar la elección de 2027 tendrán que ser quirúrgicas. Una democracia no puede partir de la presunción de culpabilidad de quienes buscan participar en política, pero tampoco puede permanecer inmóvil cuando existen indicios sólidos de que determinadas candidaturas pueden estar vinculadas con intereses criminales.

A menos de nueve meses de la jornada electoral del próximo 6 de junio, el reto será consolidar un mecanismo institucional que permita detectar riesgos sin convertir la revisión de candidatos en instrumento de persecución política ni detonar una nueva guerra de lodo entre los grupos que disputan posiciones de poder rumbo al futuro del país.

El INE tendrá que reivindicar plenamente su autonomía, mientras las instituciones federales responsables de seguridad, inteligencia financiera y procuración de justicia deberán aportar, dentro de los cauces legales, información que permita identificar posibles vínculos entre aspirantes y organizaciones delictivas.

No se trata solamente de detectar dinero ilícito en las campañas. El problema es mucho más amplio.

Las organizaciones criminales han desarrollado durante años diferentes mecanismos para intervenir en procesos políticos locales mediante amenazas contra candidatos, financiamiento clandestino, imposición de aspirantes, retiro forzado de adversarios, acuerdos de protección y, en los escenarios más graves, violencia y muerte contra quienes se niegan a negociar.

Controlar una alcaldía puede significar tener influencia sobre policías municipales, información territorial, permisos, obra pública, actividades comerciales y decisiones administrativas. También puede significar disponer de una autoridad local que cierre los ojos ante determinadas operaciones. Ese es uno de los riesgos que el blindaje electoral pretende contener.

Por eso, el verdadero campo de batalla electoral de 2027 estará, como lo decíamos en la anterior entrega de LAS BATALLAS, en los municipios, a ras de tierra. Hoy el gobierno federal cuenta, además, con herramientas que hace algunos años tenían menor capacidad de articulación.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera pueden construir mapas de riesgo sobre personas, movimientos financieros y estructuras criminales.

Pero el blindaje tendrá un límite que no puede ignorarse: ningún aparato institucional podrá sustituir la responsabilidad de los partidos políticos al momento de seleccionar a sus candidatos.

Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT, Verde y las demás fuerzas que participen en los comicios tendrán que revisar con mayor profundidad a quienes postulen. Ningún mecanismo institucional será suficiente si los propios partidos deciden ignorar señales de alerta para conservar una posición electoral.

México llegará a 2027 con una competencia electoral intensa y con organizaciones criminales que conocen perfectamente el valor político de controlar territorios. El blindaje tendrá, por tanto, varias capas: inteligencia del Estado, fiscalización electoral, investigación financiera, actuación ministerial, responsabilidad partidista y protección a los candidatos de todas las fuerzas políticas.

Pero habrá una responsabilidad que ninguna institución podrá asumir por los partidos: decidir a quién entregan sus siglas y qué hacen cuando existen señales de alerta sobre alguno de sus candidatos. Ahí se pondrá a prueba el verdadero blindaje del 2027.

RADAR

LUPA EN MORENA. Nos comentan que la diputada Eva Moreno llamó a Morena a cuidar con especial atención sus próximas definiciones internas y apostar por perfiles de reputación intachable, congruencia y absoluta lealtad al proyecto. La legisladora refrendó además su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció como la principal conducción política del movimiento y del país.

Señaló que hoy Morena necesita cuadros capaces de defenderla con autoridad, acompañar su proyecto y cerrar filas frente a cualquier intento de debilitar su liderazgo.

Un abrazo para los amigos de Quadratin.