Pedirán a AMLO que Banco del Bienestar regularice créditos de Su Casita

CANCÚN, QRoo, 25 de marzo de 2021.- En Benito Juárez hay activos más de 700 casos de intento de despojo de casas de interés social, instrumentados por empresas que actúan de forma irregular, en contubernio con funcionarios y autoridades del Poder Legislativo y Judicial.

Las administradoras supuestamente compraron cartera de Su Casita Hipotecaria, empresa de la que se decretó la quiebra formal, el 31 de diciembre de 2012, por la juez octava de Distrito en materia civil del entonces Distrito Federal.

Ante ello, administradoras de cartera, algunas sin tener efectivamente el derecho legal, han utilizado métodos cómo incluso contestar por los propios propietarios al Poder Judicial para realizar los desalojos.

El abogado Oshiel Peña Altuzar, quién defiende a ciudadanos de diferentes fraccionamientos de Cancún contra este tipo de acciones, en una organización que se denomina Resistencia Civil, fue entrevistado por Quadratín Quintana Roo.

Asegura que por la corrupción está industria del despojo ahoga a los deudores y disfraza sus acciones como desalojos y así bancos y administradoras se adueñan de las propiedades muchas veces por la fuerza para venderlas de inmediato.

El fenómeno ha generado el descontento social “como una bola de nieve” porque los propietarios de las casas no pueden pagar altas tasas de interés y deudas infladas a lo largo de casi nueve años.

Muchas personas que adquirieron las casas les creyeron a estas administradoras, firmaron documentación y entregaron papeles, pero algunas no tienen derechos legales y las circunstancias se agravaron a causa del desempleo generado por la pandemia de Covid 19

El abogado Oshiel Peña estima que la forma de detener la oleada de despojos disfrazados es el movimiento de la sociedad organizada, reforzado con el trámite de amparos.

“Cuando una persona no es llamada a juicio, tiene derecho a un amparo indirecto, porque la Ley así lo establece. Hay muchas personas que no fueron notificadas legalmente”, explica.

El abogado está convencido de que hay otra alternativa: pedir el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que actúe como mediador y se desarrollen políticas de apoyo.

“El Banco del Bienestar podría extender créditos que permitan afrontar las deudas que ponen en riesgo el patrimonio de las familias”.

Una propuesta así convendría, incluso, al Gobierno de México, porque si el Banco del Bienestar recupera esas carteras de créditos hipotecarios, se convertiría en acreedor, los intereses serían para la joven institución y por lo tanto se fortalecería.

Resaltó que los afectados han sostenido reuniones con las autoridades del Municipio Benito Juárez, de quienes han recibido apoyo en favor de algunas familias; pero reconoció que tiene limitantes, al tratarse de asuntos entre particulares.

El compromiso de la presidenta municipal, Mara Lezama, con los afectados, consiste en el seguimiento de los casos de despojos en los que estuvieron involucrados servidores públicos del Ayuntamiento, mismos que fueron cesados y denunciados.

“Lo que hace el Ayuntamiento es buscar las alternativas para que las personas que perdieron sus casas puedan recuperarlas, y quienes no, podrán emprender procesos legales para no perder su patrimonio familiar”.

Explicó que al quebrar Su Casita Hipotecaria los compradores de las casas se quedaron en un limbo legal, pues no supieron a quién debían hacer sus pagos y eso fue aprovechado por empresas fraudulentas y posteriormente por funcionarios corruptos.

Este día hubo un nuevo caso de desalojo, que fue frenado por la ciudadanía en el fraccionamiento Calakmul, donde policías incluso esposaron a la madre de familia víctima de este tipo de acciones.

Dijo que deudas menores de 300 mil pesos, ahora se incrementaron a más de un millón de pesos.

Detrás de los despojos están las administradoras Tertius, Quam, Opera, Adamantine, Patrimonio, Péndulo, Sendere y Operamax, entre otras más.

Adamantine es una de las más violentas, pues su gente llega armada y no recurren a la vía legal para el despojo de las familias y sí a la fuerza, sobre todo en Hacienda Real del Caribe, porque si se van a un proceso legal saben que les llevará mucho tiempo, “por lo que les sale más barato contratar a unos bandidos y sacar a la gente y familias sin importarles”.

Para saber si una familia corre el riesgo de un despojo de su patrimonio, o ya lo fue sin saberlo, el abogado recomienda acudir al Registro Público de la Propiedad y Comercio, y a aquellos que dejaron de pagar su crédito les dice que averigüen si no hay cambios de su estatus, pues advirtió que hay propiedades que no fueron registradas por los notarios públicos cuando se dio la compra-venta.

“Deben saber si hay un emplazamiento legal y en qué situación se encuentra su bien inmueble, para que el día de mañana, cuando quieran inscribirla, tengan un documento para evitar que lo quieran maquillar”.

Alertó a la gente a no confiarse, pues en caso de promover un juicio en contra del comprador no se hace la anotación judicial hasta después, ya que las administradoras evitan pagar impuestos.

Finalmente, dijo que próximamente interpondrá amparos colectivos ante un juez de Distrito, como parte de una estrategia de resistencia social para tratar de detener este tipo de actos que atentan contra las familias.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

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